El agua amenazada

Diciembre 2016

Actualidad

Factores económicos ponen en riesgo el futuro de los humedales. La especulación inmobiliaria y la explotación indiscriminada de recursos atentan contra la preservación de un ecosistema que contribuye a la regulación de inundaciones, mejora la calidad del agua y es hábitat de numerosas especies. Los intereses en juego.

 

En febrero de 2016 el delta del río Paraná fue declarado sitio Ramsar, una categoría internacional que preserva a los humedales del planeta. En la ciudad de Pilar, donde la proliferación de barrios cerrados progresa a expensas de la cuenca del río Luján, según denuncian organizaciones ambientalistas, el presidente Mauricio Macri anunció entonces obras para proteger a los ecosistemas. Una resolución de la Justicia Federal de San Isidro, que ordenó en julio pasado la suspensión de un emprendimiento urbanístico en Tigre y la prohibición de habilitar otros nuevos en once municipios bonaerenses hasta no contar con evaluaciones de impacto ambiental, reavivó la discusión, mientras las amenazas persisten y se agravan. En tanto, el proyecto de Ley sobre los Presupuestos Mínimos para la Protección de los Humedales, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, corre el riesgo de perder estado parlamentario.
El término humedal denomina a aquellos sistemas que permanecen en condiciones de anegamiento o con su suelo saturado con agua durante considerables períodos de tiempo. «Cuando la lluvia cae en exceso el humedal tiene la capacidad de retener el agua, recibir los excedentes y expandirlos sobre los valles de inundación: actúa como una esponja, y reduce los picos de crecida», dice Marta Andelman, vocera de la Fundación Humedales, ONG que impulsó la declaración del delta del Paraná como sitio Ramsar y un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la conservación de humedales, después de que uno similar perdiera estado parlamentario el año pasado.
«Históricamente, los humedales eran áreas a las que no se reconocía ningún valor. La gente los veía como pantanos o zonas improductivas, pero son sumamente importantes en cuanto a riqueza de la biodiversidad y de los bienes y servicios que ofrecen», agrega Andelman. Entre otros, la regulación de inundaciones y sequías, la mitigación de los efectos climáticos extremos, la reserva y mantención de la calidad del agua, la provisión de hábitats para especies amenazadas y de recursos para el desarrollo de actividades como la pesca, el aprovechamiento de fauna silvestre, la apicultura y el turismo. En el caso del Paraná, «el Delta provee de agua a aproximadamente 14 millones de personas, desde Entre Ríos a Buenos Aires».
Los humedales «son ecosistemas que se expresan a distintas escalas», sostiene Patricia Kandus, bióloga e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam). Comprenden desde espacios pequeños como los mallines patagónicos y las vegas en la Puna –«importantes para las poblaciones locales porque son oasis dentro de un sistema árido, de donde los pobladores locales usan el agua y la vegetación como forraje de su hacienda»–, a otros extensos como el Delta que abarca una superficie de 22.587 kilómetros cuadrados.

«Un humedal puede ser un bosque inundable, un pajonal, un pastizal, una laguna de aguas abiertas, una turbera: tiene una definición funcional con algunos aspectos estructurales», completa la especialista. La estimación del área de humedales en la Argentina es de aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados, el 21,5% del territorio nacional. Las áreas grandes se encuentran en la región húmeda del noreste del país, asociadas con la llanura Chaco Pampeana y los ríos de la Cuenca del Plata, mientras el resto se encuentra localizado en valles de ríos, depresiones y al pie de sierras o montañas.

 

En 1975 entró en vigencia la Convención de Ramsar, un acuerdo entre países y distintas ONG que toma su nombre de la ciudad iraní donde se firmó y que defiende la conservación y el uso racional de los humedales. «En la década del 80 la comunidad científica empezó a trabajar sistemáticamente sobre los humedales. Antes se los veía como transiciones entre los sistemas acuáticos y terrestres y empezaron a ser estudiados tarde, porque resultan de difícil acceso. Las estimaciones son que se perdieron el 70% de los humedales del mundo. En cambio, al estar olvidados en el proceso de desarrollo, permanecieron durante años bastante prístinos en Sudamérica», señala Kandus.

Economía insostenible
Un informe del Taller Ecologista de Rosario (disponible en el sitio www.tallerecologista.org.ar) destaca que los usos del Delta del Paraná comenzaron a modificarse en la década de 1990, cuando las islas se convirtieron en objeto de especulación inmobiliaria y los cultivos de soja corrieron la frontera de las actividades agropecuarias. La inauguración del puente Rosario-Victoria volvió accesible una zona hasta entonces reservada a la población familiarizada con el ambiente del río. Así, entre 2002 y 2009 la ganadería en las islas se incrementó un 500%; la ley de arrendamiento de tierras fiscales que el gobierno de Entre Ríos reglamentó en 2006 como forma de promover la actividad en la zona «no contempló ningún tipo de requisito ni plan de manejo para los futuros arrendatarios que implicara un uso sostenible de los recursos».

Con el avance de la agricultura, «se empezó a hacer ganadería intensiva en el Delta y se realizaron rellenos y endicamientos para evitar inundaciones y sembrar soja», explica Andelman. La quema de pastizales, técnica tradicional para el manejo de las pasturas, derivó en incendios sin precedentes. Entre marzo y abril de 2008 se quemaron 192.000 hectáreas en el Delta, el 11% de su superficie, y desde marzo a noviembre ardieron otras 280.000. El humo y las cenizas no solo afectaron a la vegetación, la fauna silvestre y a los pobladores locales, sino también a los centros urbanos ribereños, sus autopistas y aeropuertos.

Los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación firmaron entonces un acta de intención para elaborar el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná, más conocido por la sigla PIECAS. La iniciativa es «muy lenta» y tiene menos fuerza que «los intereses económicos» que se oponen a su implementación, dice Andelman.
En 2012, a su vez, la Fundación Humedales registró un total de 229 urbanizaciones –«un 90% en el valle de inundación del río Luján», puntualiza la representante de la organización– y al año siguiente, a través de un estudio encargado a la Unsam, estableció que la superficie de áreas endicadas era de 241.731 hectáreas e implicó 5.181 kilómetros. de terraplenes y un aumento del 16,5%, en tres años.
La construcción de diques, explica Kandus, «transforma los humedales en ecosistemas terrestres, porque es lo conocido y porque es donde está montado el desarrollo de tecnología agroindustrial, pero la naturaleza no es ordenada en ese sentido». Así ocurre que las inundaciones «suelen llevarse puestos algunos diques, porque el volumen del río aumenta de 17.000 metros cúbicos a 60.000 por segundo».
Según la especialista, «hay un divorcio muy grande entre el tema ambiental y la producción en la Argentina: parecen enemigos, y si había una grieta en la década pasada esa era una muy clara, porque los productores ven cualquier intento de regulación como una medida contra sus intereses. Pero como los endicamientos se hacen de una manera no planificada y sin evaluación de impactos, no tienen vuelta atrás y los productores terminan peleándose entre sí. En ese punto se necesita la presencia del Estado como regulador y el ordenamiento territorial para decidir qué se hace en cada lugar».

El ordenamiento territorial es uno de los objetivos de la ley de conservación de humedales, que resulta de sendos proyectos de las senadoras Teresita Luna y Magdalena Odarda y obtuvo dictamen de comisión en la Cámara de Senadores. «Todavía tenemos un camino de ida en el cual podríamos evitarnos los problemas, si lo planificamos y si el ordenamiento incluye al conjunto de los sistemas y las actividades –destaca Kandus–. Cuando se hace un endicamiento el humedal pierde capacidad de drenar el agua naturalmente cuando viene una creciente. En los períodos de sequía los diques tienen déficit hídrico: lo que antes estaba conectado con la planicie de inundación hoy tropieza con un paredón que lo aísla del entorno. Se generan sistemas altamente subsidiados en un lugar que podría aprovecharse para otros usos».

A costa de la sociedad
Licenciada en química, Adriana Anzolín trabaja en organizaciones ambientalistas en Campana y como docente y capacitadora en educación ambiental. En 2011 se incorporó a la comisión asesora del Comité de cuenca del río Luján, organismo que reunía a distintas ONG y a los municipios de la cuenca del río Luján. «Las urbanizaciones cerradas cambiaron el escurrimiento del río Luján –señala–. El barrio San Sebastián, en Pilar, ocupó la mitad del valle de inundación. Cuando hay lluvias intensas se hace un lago del lado de Campana porque el agua ya no tiene espacio. Advertimos que iba a haber inundaciones, pero nos trataron de fundamentalistas y excesivamente técnicas y nos dijeron que la política tenía otros tiempos».

Pero los tiempos se aceleraron dramáticamente con las inundaciones que en 2012 dejaron a Luján bajo el agua. «Además de las urbanizaciones, los puentes viales y ferroviarios tienen un paso muy estrecho y se convierten en un embudo. Y la sojización permanente hace que el suelo se compacte y baje el coeficiente de rugosidad que detiene el agua. Hay muchos canales clandestinos, que cada propietario hizo como se le ocurrió para desagotar los campos más rápido», dice Anzolín.
En agosto de 2014 el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) interpuso una demanda contra la empresa Venice TGLT ante la posibilidad de que la urbanización iniciada en Rincón de Milberg, partido de Tigre, afectara a los vecinos del asentamiento El Garrote. «Recién en noviembre de 2015 la autoridad del agua aprobó una parte de las obras en el emprendimiento, pero la desarrolladora venía construyendo desde antes que presentáramos la denuncia. La lógica es que avanzan con la construcción y luego tramitan los permisos», dice el abogado Santiago Sánchez, del Cels.
Las condiciones de vida en El Garrote, agrega Sánchez, son «absolutamente indignas». Pero el asentamiento «ni siquiera está mencionado en el proyecto de Venice», aun cuando la ley provincial de acceso justo al hábitat, impulsada por el Cels entre otros sectores, impone a los barrios cerrados hacer contribuciones para políticas sociales.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado suspendió la construcción de Venice y de Remeros Beach por no contar con evaluaciones de impacto ambiental aprobadas por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS). «La iniciación de grandes urbanizaciones sin esas evaluaciones y sin permisos hidráulicos es absolutamente cotidiana. Cada vez hay más afectados y hasta muertos, no hace falta recordar que hubo más de 60 víctimas fatales por las inundaciones en La Plata de 2013. La violación de las leyes administrativas es una práctica naturalizada», destaca el arquitecto Eduardo Reese, especialista en planificación urbana y director del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS.
Una evaluación de impacto ambiental, puntualiza Reese, «es un análisis pormenorizado de un conjunto de factores que pueden afectar negativamente cuestiones ambientales como la flora, la fauna y el régimen hídrico, y también cuestiones socioambientales». Si se comprueban los trastornos, «debe decir cuáles son las medidas mitigatorias que el causante llevará a cabo para reducir al mínimo o en su totalidad esos efectos». El especialista considera necesario que el examen tome en cuenta al conjunto de las urbanizaciones, ya que «la sumatoria es lo que cambia los sentidos de escurrimiento de toda la cuenca» y «para la lógica corriente, el impacto ambiental se reduce al límite del emprendimiento, como si no tuviera consecuencias para el entorno».

En Pilar, hay 152 barrios cerrados que ocupan el 24% de la superficie del partido. «Se hacen excavaciones de hasta 25 metros de profundidad para elevar el terreno de edificación y formar lagos artificiales –destaca Adriana Anzolín–. Así llegan a decapitar la capa superior que protege a los acuíferos y a incrementar las posibilidades de que se contaminen. Arrasan con la biodiversidad natural para implantar paisajes tipo Miami y regar con pesticidas. La gente que compra terrenos con el argumento de que esos barrios ofrecen un paisaje natural en realidad está yendo a un lugar donde la naturaleza fue destruida».

Abrir el debate
Los especialistas coinciden en afirmar que la cuestión de los humedales tiene una difusión creciente. Las inundaciones terminaron de instalarlos en la agenda de los medios de comunicación. «La gente es muy sensible, hay muchas organizaciones de base y activistas bien informados. No creo que haya un problema de concientización ni de conocimiento, sino que existen intereses económicos y políticos que demoran la ley y dejan pasar urbanizaciones sin ton ni son», subraya Marta Andelman.
Con otros miembros del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Unsam, donde se desempeña, Patricia Kandus elaboró dos documentos sobre la ley de presupuestos mínimos actualmente radicada en la Cámara de Senadores. «Planteamos que se convoque no solamente a nosotros, los biólogos, sino también a los abogados ambientalistas, a los geólogos, a los representantes de la producción, a los de la minería. Otro tema es la definición de humedales, que no es sencilla y debemos pensar en detalle para el día que se aplique la ley», sostiene.
Uno de los objetivos de la ley es realizar un inventario nacional de humedades. «El proyecto plantea que se debe concretar en cinco años y después hay otros dos años para hacer el ordenamiento territorial –dice Kandus–. Probablemente los plazos no sean realistas. Estados Unidos, por ejemplo, comenzó su inventario en la década de 1970 y todavía no lo terminó, por lo que es un error supeditar el ordenamiento territorial a esa instancia. Hay normativas del Código Civil y del Código Penal que se pueden incorporar para que la ley se enriquezca, tenga más fuerza y genere un cambio en la gestión de los humedales. Quisiéramos que se abra la discusión, ya que todavía no fue tratada en el Parlamento».

Osvaldo Aguirre

Nota reproducción de Acción Digital – Edición Nº 1207 - www.accion.coop