Hugo Cañón, defensor inclaudicable por los derechos humanos

Junio 2014

Actualidad

Actualmente, junto con Adolfo Pérez Esquivel, preside la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires. Desde la recuperación democrática lucha por la justicia, la memoria y la reparación histórica de los crímenes de la dictadura. En esta nota cuenta su historia. En el plano de la política partidaria integra el espacio Nuevo Encuentro, conducido por Martín Sabbatella.

En el año 1958, Rodolfo Walsh escribió, en su libro Caso Satanowsky y a propósito del homicidio impune de un abogado: “Sé que la sangre derramada nos mancha a todos. Y de algún modo hay que limpiarla”. Se trataba del caso de un asesinato perpetrado por fuerzas del Estado con la complacencia de la justicia. La importancia que esas palabras tendrían en la trágica historia que siguió en nuestro país, era algo que el escritor y periodista no podía prever. A la distancia, se leen con un peso y una connotación que trasciende ese asesinato y salpica a una sociedad que sufrió ocho años de dictadura.


En democracia, comenzaron a ensayarse ciertos caminos de reparación: personas de una enorme dignidad que se encargaron de curar las heridas, de trabajar para que esa sangre, como decía Walsh, pueda ser poco a poco limpiada por la mano de la justicia, la memoria y la reparación histórica.


Hugo Cañón es unas de esas personas, incluso desde la primera hora. Abogado graduado en La Plata, fue designado como Fiscal General Federal de Bahía Blanca en el año 1986, cargo que ejerció durante veintitrés años.
“Cuando me ofrecieron el cargo ni mis amigos, ni la familia, lo vieron como algo positivo. Es más, me desalentaron para no aceptarlo. El argumento central era que la justicia no se había modificado sustancialmente, sobre todo la justicia federal. Se la asociaba a la dictadura, con quien los jueces y fiscales fueron útiles y funcionales para asegurar la clandestinidad del plan de exterminio. Y esto era cierto”, relata él a Revista Cabal. “Pero pesó en mi decisión el ansia de recorrer un camino reparador por medio del poder judicial.  ‘Todavía cantamos’, me dije. Los desaparecidos, sus familiares, los niños apropiados, merecían los máximos esfuerzos para saber qué había pasado y juzgar a los responsables de semejantes crímenes aberrantes”


Así, Cañón comenzó la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo del Ejército y de la Marina en la zona de Puerto Belgrano. Gracias a su labor se pudo comprobar el funcionamiento del centro clandestino de detención conocido como La Escuelita. Este fue el primer paso de un largo camino que continúa hasta el presente en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia.


En el año 87’ se sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que frenaban los juicios a los represores y responsables de los crímenes cometidos bajo la última dictadura militar. Con un discurso que disfrazaba la impunidad con una supuesta, y falsa, reconciliación, se intentó liberar de responsabilidades jurídicas a todos aquellos que habían cometido crímenes en la dictadura. En aquel momento Cañón fue el único fiscal que impugnó dicha ley.


“Al dictarse la sentencia condenatoria a los integrantes de  las Juntas Militares, la Cámara Federal de Capital Federal, en el famoso punto 30, ordena formar causas por separado, comenzando así las causas ESMA, 1er. Cuerpo de Ejército, causa 44 “Camps”, etc. Con esta decisión se estaba contrariando el plan original de Alfonsín. Por eso el Ministro de Defensa de entonces, Raúl Borrás, comenzó a hablar de la necesidad de buscar un cierre, un punto y aparte, un “punto final”.  Por la actuación diligente de Cámaras Federales como la de Bahía Blanca, fracasó el objetivo de la Ley de Punto Final que pretendía dar un cierre al juzgamiento. Impugné la Ley de Obediencia Debida y por mayoría los jueces me dieron la razón diciendo que era inconstitucional, pero luego la Corte, por cuatro votos a uno, dijo que era constitucional con lo que se cerraba una gran cantidad de juzgamientos posibles, quedando limitado a los máximos jefes. Y así, con esas limitaciones, seguimos investigando, hasta que en octubre de 1989, Menem dictó los indultos que pretendían clausurar todas las causas. También impugné esta decisión aberrantemente inconstitucional;  la Cámara Federal –también por mayoría de 2 a 1- me dio la razón, pero luego la Corte (ya ampliada por Menem), por 5 votos a 2 dijo que los indultos eran constitucionales. Pasé el momento más duro de mi vida durante el gobierno de Menem cuando cuestioné el indulto.  Primero trataron de ofrecerme algún cargo para que dejara mi función de fiscal, luego me abrieron un sumario para pedir mi cesantía. La presión, la descalificación y el despreció fueron enormes.”, comenta Cañon.


Tuvieron que pasar muchos años para que esas leyes fueran derogadas y se pudiera volver a juzgar a los responsables. Esta actitud muestra una consecuencia sin fisuras en alguien que más allá de los tiempos mantuvo sus convicciones y las convirtió en actos, a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de haber sido amenazado.
“En 1999 comenzamos con los Juicios por la Verdad, que fueron una vía para esclarecer qué pasó con los desaparecidos, aun cuando no existiera posibilidad de punición. Recién en 2012 se dictó la primera sentencia en Bahía Blanca. Tardó, pero llegó la justicia.”


Cañón colaboró con las investigaciones que llevara adelante el Juez Baltasar Garzón, aportando información de lo que había sucedido en el V Cuerpo del Ejército, investigación que él había llevado adelante y que funcionaron como pruebas en el marco de dicho Juicio.  Otra de sus intervenciones ha sido como parte de la Comisión de Fiscales que se llamó “Comisión de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal”, cuya tarea era desarrollar trabajos de coordinación y colaboración en las causas vinculadas a violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura. Actualmente, junto con Adolfo Pérez Esquivel, preside la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, conformada por personalidades destacadas y con trayectoria en ésta área.


“Es una institución de derechos humanos que tiene una profunda incidencia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y reconocimiento nacional e internacional”, explica él. “La Comisión nace en momentos muy difíciles, en 1999, cuando se hablaba de ‘meter bala al delincuente’. Aldo Rico era Secretario de Seguridad y los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense se habían descubierto el año anterior y corría peligro su preservación. En ese contexto nace la CPM, y los archivos fueron lo que concentró la principal actividad. Se digitalizaron más de 4 millones de fojas de espionaje interno, 300 mil fichas individuales y material diverso como videos y filmaciones. Hoy día, con todo ese material digitalizado, más el que incorporé de la Prefectura Naval zona norte (que obtuve en Bahía Blanca), se hace un aporte fundamental en los juicios por crímenes de lesa humanidad en todo el país. Además, ante las violaciones a los derechos humanos en la actualidad, hemos creado hace diez años un comité contra la tortura, mediante el cual hacemos monitoreo sistemático de lugares de detención.  Y desde hace catorce años llevamos adelante un programa llamado Jóvenes y Memoria, en el que participan escuelas de toda la provincia, y organizaciones sociales.”


Todos estos años el Dr. Cañón se ha dedicado, además, a dar conferencias, charlas y clases sobre derechos humanos. El ejercicio social y colectivo de la memoria requiere sin dudas también de la transmisión.
En el año 2009 ha dado el salto a la política partidaria, integrándose al proyecto político de Nuevo Encuentro conducido por Martin Sabbatella, en ese marco fue candidato a diputado.


Por su labor, Hugo Cañon ha recibido varios premios: en el año 2000 el premio “Justicia Universal”, otorgado por la Asociación Argentina Pro-derechos humanos de Madrid; en el 2006 el premio al “Reconocimiento a la trayectoria y el compromiso con la Defensa de los Derechos Humanos” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata y en 2007 el reconocimiento a “Personalidad Destacada de los Derechos Humanos” de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por su respuesta de rechazo a la Ley de Obediencia debida.