Ricardo Forster: “El último fallo de la Corte fue decepcionante”

Enero 2013

Actualidad

En un diálogo que mantuvo poco antes de fin de año con Revista Cabal, el conocido filósofo y ensayista político, Ricardo Forster, se refirió a la situación de injustificada demora en que se mantiene el tema de la ley de medios en la justicia e incluso criticó el pronunciamiento del 28 de diciembre de la Corte Suprema. Dijo que todas esas irregularidades abren la posibilidad de un inédito debate en el país en torno a la necesidad de democratizar la estructura judicial. Y que lo de la ley de medios refleja más que un conflicto con una corporación como Clarín sino un problema relacionado con la soberanía democrática.

Toda la larga secuela de cautelares, fallos, apelaciones y otras medidas que han tenido lugar en la justicia respecto de la ley de medios de comunicación audiovisual, más las decisiones que aún restan tomar, han dejado muy al desnudo ciertas deficiencias graves en el funcionamiento del poder judicial, que son hoy motivo de discusión entre los sectores políticos. ¿Qué opina de eso? 
Sí, hay una cierta analogía con lo que ocurrió con la ley de medios. Ésta habilitó, primero con su intensa discusión por distintas organizaciones del país y luego con su aprobación en el congreso, un debate inédito sobre los medios de comunicación en el país. Fue como abrir una caja de Pandora y poner en discusión lo que nunca se había discutido de una manera habitual: qué son los medios de comunicación, cuál es su funcionamiento, qué representan y qué defienden en el interior de la vida social. Eran todos temas velados, que empezaron a salir de la opacidad. Me parece que, bajo otras condiciones, hoy se abre un debate similar en torno a la justicia, a lo que significan los jueces. Y se lo hace a partir de un hecho no menor, que es la existencia de un conflicto de poderes. Un conflicto en el que uno de los protagonistas es un poder de la república, el poder judicial, que suspende, ya va por casi tres años, la aplicación efectiva y completa de una ley votada por el Congreso de la Nación y refrendada por el Poder Ejecutivo. Esta situación nos lleva a pensar y preguntarnos sobre una cantidad de cuestiones dignas de ser debatidas. Por ejemplo: ¿qué clase o qué idea de democracia queremos?, ¿los jueces pertenecen a un espacio de asepsia, neutralidad o supuesta virtud como se suele decir o habría que concebirlos como parte de una disputa de poder, de una dinámica de intereses que se chocan en la trama conflictiva de la vida democrática? Todo lo cual es muy interesante porque, el proceso de recreación democrática depende mucho de cómo contestemos a esas preguntas.
 

¿Usted supone que, finalmente, la Corte Suprema fallará a favor de la aplicación completa de la ley de servicios de comunicación audiovisual?
Prefiero pensar que la Corte, cuando llegue la última instancia de este proceso judicial relacionado con esa ley -un proceso que ha registrado el paso por todos los escalones y demoras posibles y toda clase de fallos vergonzosos y problemáticos-, estará a la altura de las circunstancias históricas y fallará de acuerdo a las necesidades de este país, que son las de una genuina ampliación de los derechos democráticos a la información que esa ley consagra. Quiero ser optimista respecto del desenlace. Siempre pensé que uno de los grandes logros de Néstor Kircher fue rescatar a la Corte Suprema de su propia ignominia, convertirla en un organismo respetable y respetado, con jueces de una alta jerarquía profesional e intelectual. Y al mismo tiempo, hemos comprobado que algunos de sus miembros han tenido una visión progresista, avanzada sobre distintos asuntos de la sociedad. Por eso, deseo seguir manteniendo esa confianza y ese optimismo, sin dejar de ver que, en distintos escalones de la justicia, sigue habiendo magistrados que no terminan de comprender que la realidad social y política exige ciertas decisiones. Son jueces que creen demasiado en una suerte de autonomía mítica, utópica, que es discutible en varios aspectos. En ese contexto, las dos decisiones de la Corte del jueves 28 de diciembre, que dilatan una vez más la aplicación de la ley, son francamente decepcionantes. Porque el pronunciamiento fue en contra de los propios fallos anteriores de la Corte, de sus propias decisiones institucionales, avalando la continuidad de una cautelar que permite seguir demorando la aplicación de la ley por más de tres años, debido a la existencia de distintas obstrucciones y chicanas interpuestas en la justicia. Por eso digo espero que, a la hora de la verdad, la Corte recuerde su propia historia y sea fiel con lo que expresó en otras oportunidades.  
 

Es evidente que a medida que el gobierno avanza los sectores que no quieren ceder sus privilegios aumentan su presión y eso produce no pocas fricciones.
Atravesamos una situación histórica en la Argentina en muchos aspectos inédita, hay un gobierno que sostiene con fuerza su proyecto y que toca o recorta intereses, cuyo solo cuestionamiento hubieran llevado en otra época al retroceso o la claudicación de los gobiernos democráticos que los discutían. Eso me parece muy importante. Y eso ha llevado a que haya reacciones, protestas y manifestaciones opositoras que no utilizan un lenguaje político, sino que expresan más bien una suerte de gran rechazo y son portadoras de un alto nivel de agresividad discursiva y violencia retórica. Es algo para tomar en cuenta en toda su complejidad. Y que nos recuerda que la Argentina sigue siendo un país en disputa, donde se han conquistado nuevas y memorables conquistas, pero donde también los sectores de privilegio no dejan de moverse.
 

Es que parecería que se cuestiona desde estos lugares el derecho del gobierno a llevar adelante su proyecto.
Ahí creo que está el punto. El tema de la ley de medios implica una discusión mucho más profunda que el conflicto con una corporación como Clarín, es un problema relacionado con la soberanía democrática. Lo que es central, lo que está en discusión es el ejercicio de la soberanía democrático-popular, si la legitimidad nacida de los votos es inferior a la potencia de las corporaciones o al único poder de la república que se elige a sí mismo, que es el poder judicial. ¿Se puede aceptar un poder judicial con una autarquía que le permite no dar cuenta de ninguno de sus actos? Al respecto es muy buena la solicitada denominada “Una justicia legítima”, que firmaron cientos de jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios en respuesta al documento de algunas organizaciones judiciales que criticaron al Poder Ejecutivo.
 

Ahí se ponen algunos puntos sobre las íes.
Allí se admite claramente que la ciudadanía tiene derechos de interpelación sobre la justicia y que la conducta pública de los jueces –como la del resto de los funcionarios públicos- está sometida al escrutinio estricto de aquella. Se dice también en ese texto que la vida democrática exige la transparencia de los actos judiciales y que la independencia del poder judicial no debe entenderse limitada a la relación con otros poderes del Estado, sino extenderse a la que debe regir respecto de los  intereses de las corporaciones económicas, mediáticas y aún de las instancias superiores de la propia justicia. Un juez tendría que ser en sus decisiones independiente de estos poderes, sabiendo no obstante que eso tiene algo de quimérico, que en este ideal hay una especie de gran fantasía liberal, ¿no? Porque el requerimiento de una justicia que se deslice por una suerte de territorio prístino o angelical es falso. Pero sí se puede exigir una trama que habilite una cierta independencia del Poder judicial frente a los poderes corporativos, porque si se cede a su chantaje estos grupos terminan por llevarse puesta a la vida democrática. Lo que pasa es que, para eso, tiene que haber, en el mejor de los sentidos, una profunda politización de la justicia. La justicia tiene que entender el lugar que le toca, y los jueces también. Y entender que hay una disputa de intereses, que es el núcleo mismo de la vida democrática, un litigio que se genera por la existencia de un gobierno legitimado por el voto popular que desea hacer cambios y no quiere ceder a las imposiciones, como ocurría en otros tiempos, de las corporaciones. Creo que eso está en discusión.
 

¿Toda esta posibilidad de debate hubiera sido posible en otro contexto?
Desde luego que no. ¿Antes qué discutíamos? Que la justicia era una porquería, que la corte era corrupta. Ahora estamos discutiendo ideas, ideologías, intereses, modos de funcionamiento, si la ciudadanía tiene que ser pasiva o no frente a las decisiones de la justicia, si ésta tiene que dar cuenta de sus decisiones a la ciudadanía, etc. Porque lo que ha quedado en evidencia es que, en todo caso, la reclamada independencia de los jueces no debe servir para blindarlos o sustraerlos del escrutinio de la ciudadanía. De ahí que, si los jueces quieren rendir honor a esa independencia, deben sostenerlo con la transparencia de sus acciones.
 

Frente a todo este panorama de discusión, las corporaciones han redoblado su trabajo.
Sin duda, pero esto ha generado también una situación muy buena, que se ponga en evidencia cómo funciona la máquina. Eso es muy bueno. Pero también impone nuevos desafíos de lucha. Y, en ese aspecto, 2013, no hay duda, será escenario de otras disputas a las que habrá que enfrentar con la mayor lucidez posible.
 

En una entrevista reciente, usted hablaba de la necesidad de una reforma constitucional. ¿Qué posibilidad hay que el tema se pueda retomar?
Creo que ese tema fue obturado, en parte, por la artificial introducción en el debate de lo que la oposición definió como una operación dirigida a impulsar la reelección de la presidenta. Cosa que nunca fue así. Pero, bueno, la oposición le sacó a ese asunto todo el jugo que pudo sacarle. Lo que pasa es que el tema se desinfló cuando, con un criterio inteligente, la presidenta se corrió de esa discusión y dijo que para ir a una asamblea constituyente, destinada a formalizar la reforma, hacían falta dos tercios de los miembros del congreso de ambas cámaras. Fue como si les dijese a los opositores que se  quedaran tranquilos, porque eso por ahora era inimaginable, que requería un consenso que hoy no tiene viabilidad. Lo que pasa es que, poniendo el énfasis en la reelección, los opositores cerraron un debate mucho más rico, que es el debate constitucional. Incluso, ese debate podría incluir el tema de la propia justicia. Fue una manera de clausurar lo que hoy sería interesantísimo e imprescindible, que es abrir el debate sobre la necesidad de una nueva constitución o de una reforma de la constitución. Hay infinidad de ítems que habría que incluir en un debate sobre la reforma constitucional: el vínculo de Argentina con América Latina, que ha cambiado en lo cualitativo, geopolítico, estratégico y cultural; la inclusión de una cantidad de derechos humanos, sociales y civiles alcanzados en los últimos años; este tópico de que el gobierno no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, que creo hay que discutir porque plantea un concepto de democracia tutelada, limitada. Y así, digo, esos como muchos otros objetivos que se podrían señalar. Incluso es para discutir, aunque no tengo al respecto una posición tomada porque no me he detenido aún a pensar puntualmente en el tema, la posibilidad de someter a los jueces a un sistema electivo, como ocurre en muchos países.  ¿Qué significaría eso? ¿Sería posible en una sociedad como la Argentina? ¿Qué mecanismo se podría poner en funcionamiento para democratizar la propia justicia? Bueno, son cuestiones discutibles en el interior de un debate constitucional, pero eso con el tema de la reelección quedó comprimido y clausurado. Claro que, despejado el tema de la reelección, no hay que descartar que pueda retomarse en algún momento. Sería una discusión altamente enriquecedora para la ciudadanía.
                                                                                                  A.C.