Desde hace varios meses, distintos sectores del establishment y de grupos políticos que desdeñan el modelo de nación soberana que nos legaron los líderes de la Revolución de Mayo y la Independencia, vienen propalando funestos pronósticos acerca de lo que le ocurriría a la economía del país en caso de que el gobierno no llegase a un acuerdo con los llamados “fondos buitres” en los términos extorsivos que éstos han querido imponer a través de la sentencia del juez de Nueva York Thomas Griesa. Estos términos establecen que la Argentina pague por los bonos en poder de los “holdouts” (así se los identifica también a esos fondos) por encima del valor que el gobierno acordó con los demás acreedores (nada menos que un 92,4 por ciento de ellos) que entraron en la reestructuración de la deuda en 2005 y 2010.

    El rechazo a esa extorsión tiene una razón legal muy clara: si el país admitiera pagar por encima de ese valor acordado con la mayoría, los acreedores que se acogieron al canje de la deuda en los años ya señalados podrían, por efecto de la cláusula contractual denominada RUFO (Rights Upon Future Offers o traducida al castellano Derecho sobre Futuras Ofertas), reclamar un tratamiento similar y exigir que se les pague su crédito, que la reestructuración de los años señalados había achicado, por un monto del 100 por ciento, con lo cual el valor de lo que habría que desembolsar estaría entre los 120 mil y 500 mil millones de dólares, cifra que embargaría el futuro de la Argentina por varias generaciones y provocaría daños incalculables a su población.

     A tal disparate habilitaría la aplicación de la sentencia del juez Thomas Griesa, quien realiza una extraña y torcida interpretación de la cláusula del pari passu (que significa “con igual paso” o en igualdad de condiciones) a favor de los “fondos buitres” y que tantas críticas a nivel local e internacional ha concitado, pues podría provocar, como precedente jurídico, un descalabro fenomenal en las reglas de previsibilidad y sano raciocinio que deberían guiar la actividad del mundo de las finanzas y los negocios, y constituirse en una obstrucción real para la concreción de futuras reestructuraciones de distintos países endeudados, que es, en definitiva, el objetivo perseguido por ese sector de las finanzas mundiales. Por eso, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz definió a ese fallo como una bomba arrojada sobre el sistema de la economía global. 

     Frente a esa exigencia desmedida, el gobierno nacional operó con absoluta cordura y ajustándose a derecho. Dijo que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo que fuera “justo, equitativo y legal”, o sea un arreglo que no le hiciera violar su propia ley sancionada por el Congreso cuando ratificó el canje de la deuda 2005 y 2010. Y para evitar cualquier suspicacia acerca de que el país no quería pagar mientras se siguiera negociando una solución al problema, el 26 de junio pasado pagó los bonos que vencían por esos días por un monto de 1151 millones de dólares, 539 millones de los cuales fueron depositados en el Bank of New York Mellon (BoNY). Partida que el juez Griesa de inmediato prohibió al banco distribuir entre los acreedores. En consonancia con esa actitud de seguir honrando sus deudas, el 28 de julio el gobierno desembolsó también el primer tramo en efectivo del pago que había acordado con el Club de París, dejando en claro, de nuevo, que no puede haber “default” cuando se paga.

   El 31 de julio, vencido el plazo formal para que los bonistas apoyados por Griesa cobraran, y sin que las negociaciones con el mediador Dan Pollack avanzaran, la Argentina y el mundo “seguían andando”, como dijo la presidenta de la Nación. Nada se detuvo ni se produjo ninguna catástrofe, ni se producirá, como hubieran querido los mezquinos sectores que suponen que sus ambiciones electorales o sus intereses de otra naturaleza se podrían favorecer con una situación de inestabilidad. Es más: un segmento de los bancos privados que operan en la Argentina (los de Adeba) iniciaron tratativas con los “fondos buitres” para comprarles sus bonos, pero su gestión fracasó, como lo informó un comunicado de Aurelius Capital Management, que junto a NML encabezan el litigio contra nuestro Estado.

     El ministro de Economía, Axel Kicillof, admitió que no le extrañaba que se intentara una solución así entre los privados para destrabar el problema, porque la decisión de Griesa había provocado, precisamente, alarma en esa esfera: los actores privados que tienen muchos bonos argentinos en sus activos pueden perder plata por la baja en las cotizaciones. De cualquier modo, Kicillof advirtió que ese acuerdo que proponía Adeba se quería hacer con recursos de los ahorristas y que eso no correspondía, porque copiaba una vieja historia (usar los ahorros de la gente) que el país no quería repetir. Al mismo tiempo circularon otras versiones de que el banco de inversión JP Morgan Chase y otras entidades extranjeras como el HSBC y el Citibank –que tienen en su poder una importante cantidad de bonos y títulos de la deuda- habían iniciado también una instancia de negociación formal para desbloquear la situación.

   Lo cierto es que cada día crecían más las adhesiones al gobierno en el mundo y al mismo ritmo se multiplicaban las advertencias sobre el terrible riesgo de dejar que una arbitrariedad como la instituida por el juez de Nueva York se propagara como ejemplo en el orden internacional. Además de Stiglitz, cien de los economistas más reputados del planeta escribieron al Congreso de Estados Unidos para que limitara la operación Griesa-Singer (titular éste último de uno de los “fondos buitres”), alertando que si no lo hacían el caso argentino tendría impacto directo en la plaza financiera de Nueva York.

   Un dato realmente para pensar al hablar de las exigencias de los “fondos buitres”: si éstos decidieron cobrar su deuda en las condiciones en que la perciben la generalidad de los acreedores, propuesta que les hizo el gobierno argentino, su ganancia estaría en el 300 por ciento por encima del valor al que compraron sus bonos. Pero no: quieren tener  algo más del 1600 por ciento de ganancia. La avaricia de este sector fundamentalista del sistema financiero internacional es, entre varios otros factores, una de las principales causas que ha hundido en la crisis y la miseria a decenas de pueblos del mundo, incluidos algunos de la vieja Europa. El cooperativismo en el mundo ha sido siempre la contracara de esa avaricia, un postulado de solidaridad entre los hombres opuesto a ese egoísmo sin límite.

     La Argentina sufrió las consecuencias de ese apetito de lucro pantagruélico del capitalismo financiero. Ese apetito la llevó a la peor de las crisis de su historia en 2001, pozo del cual salió en algo más de diez años gracias a una política que decidió desoír los consejos de las entidades que representan al poder financiero internacional y encarar una política independiente de desarrollo e inclusión social que hoy le permite enfrentar sus compromisos de deuda como un país solvente y soberano. Y sin perjudicar a su pueblo. Por eso, cuesta creer que haya personas –algunas no pocas ligadas a las políticas neoliberales que condujeron a la Argentina a la catástrofe a comienzos del siglo- que no solo se regodean pensando en los trastornos que podrían producir al gobierno las dificultades de este momento, sino que anuncian, como decíamos al principio, desventuras apocalípticas que ninguna mente sensata y con amor al país podría desear, pero que tampoco la realidad objetiva del país avala como posibles.

        El gobierno y el país, como dijo la ex presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, disponen de herramientas para amortiguar el impacto de un eventual agravamiento del conflicto con los “fondos buitres”. Estamos lejos de ingresar en una zona de profunda depresión o inestabilidad macroeconómica como sostienen algunos agoreros. En estos años se han producido cambios estructurales tan significativos que permiten descartar la hipótesis de que este conflicto provoquen costos elevados a la economía y la sociedad. En todo caso, algunos de los problemas que se plantearon en los últimos tiempos en la economía –y que en ciertas áreas aún subsisten- podrían requerir un tratamiento más atento y puntual, pero no le faltan al gobierno instrumentos para encararlos dentro de una línea general que no afecte los grandes avances que se han concretado hasta el presente.