Entrevista a Eduardo Barcesat

Octubre 2015

Entrevistas

El prestigioso constitucionalista Eduardo Barcesat se refirió en un diálogo con Revista Cabal a candentes y muy actuales temas de orden jurídico en el país, entre ellas la reforma constitucional, la aprobación de los nueve principios aconsejados por las Naciones Unidas para reestructurar las deudas externas y algunos desaguisados de la Justicia. También habló de la creación de un instituto y una cátedra que llevan el nombre de Arturo Enrique Sampay y desde donde se realizará una amplia difusión y debate en torno a los principios del constitucionalismo social.

Hace pocas semanas se realizó una jornada de homenaje al gran constitucionalista argentino Arturo Enrique Sampay, en las que usted participó. ¿Qué aspectos se resaltaron de ese jurista y que otros temas se abordaron allí?
El encuentro viene a concretar una larga aspiración. Primero hacer una reparación histórica respecto de la figura de Arturo Enrique Sampay, que al igual que Carlos Cossio, fue un prominente filósofo y jurista argentino. Ambos prestaron su colaboración, su doctrina y su saber a los primeros gobiernos peronistas. Esa reunión perseguió también como propósito crear una cátedra con el nombre de Sampay. Lo cual es también una reparación histórica a la Constitución de 1949, de cuyo proyecto ese jurista fue el gran hacedor. Con ese texto se inicia el constitucionalismo social en América Latina. El prestigio de Sampay motivó que años después el presidente Salvador Allende lo consultara para una reforma constitucional en su país. Esa Constitución de 1949, como todos sabemos, fue abrogada por el acto de un usurpante, que repuso la Constitución histórica y en el mismo acto la mancilló. Se derogó así una Constitución legítima, que había sido uno de los esfuerzos constitucionales de mayor trascendencia e importancia en nuestro país. Era una reforma total del texto constitucional.

Durante la convención constituyente de 1949, Sampay mantuvo un conocido debate con Moisés Lebensohn, dlrigente radical, acerca de si los dos tercios que requería la Constitución de 1853 para su reforma era de los miembros presentes del Congreso o de los integrantes que lo conforman, ¿no es así?
Ese debate entre ambos constituyó una pieza de gran jerarquía jurídica. Por supuesto, yo participo de la opinión de Sampay, que con dos tercios de los presentes es suficiente. No se puede convertir  a la Constitución en algo tan rígido, tan pétreo, que requiere una mayoría calificada que, a veces, las razones políticas, no las circunstancias reales del país, hacen difícil de reunir. La jornada de homenaje a Sampay fue también el puntapié inicial que se dio a la iniciativa de crear un instituto de estudios constitucionales y políticos que lleva el nombre de ese jurista, que tendrá la función de una cátedra libre destinada a difundir no solo las enseñanzas de la Constitución de 1949 sino también, y muy especialmente, el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Me refiero en particular a las constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia donde hay cambios de suma importancia relacionados con la protección de la naturaleza, del medio ambiente. En nuestra Constitución el sujeto de la naturaleza y todos los temas que aluden a su protección deben ser motivo de examen. Es claro que hablar de la Constitución de 1949, de constitucionalismo social y del nuevo constitucionalismo latinoamericano es para desembocar en un gran proyecto de amplio consenso, debate y elaboración que pueda servir para enfrentar los desafíos del siglo XXl.

¿Cuáles fueron los principales requerimientos que surgieron en esa jornada respecto de ese gran proyecto al que alude?
Creo que los que se perfilaron fueron fundamentalmente tres: integración latinoamericana y del Caribe, la tutela de los recursos y riquezas naturales y la política de los derechos humanos, al que me referí en especial en mi intervención. La jornada contó con la participación de prestigiosos juristas, entre otros: Arístides Corti, conjuez de la Corte Suprema de la Nación; Jorge Cholvis, el gran continuador de la obra de Arturo Sampay (él fue ungido presidente del instituto creado); Carlos Vilas, de conocida trayectoria académica y política; Marcelo Koening, director de la Escuela Superior de Gobierno; Stella Maris Biocca, de la misma entidad y experta en Derecho Internacional; Angelina Abbona, Procuradora del Tesoro Nacional. También estuvieron filósofos, economistas, cientistas sociales, filólogos, etc. Fue una jornada muy importante y con mucho apoyo del Ministerio de Justicia y de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

¿Usted considera que la necesidad de una reforma constitucional sigue en pie?
Es una necesidad imperiosa porque los riesgos que tenemos de intrusión y de nuevas formas de dependencia y colonialismo están a la vista. Primero desestabilizar a los gobiernos populares, segundo apropiarse a mansalva de los recursos y riquezas naturales, el agua potable, las tierras con aptitud rural, los minerales estratégicos para el desarrollo informático y científico como son el   litio, el tungsteno y otros que abundan en el subsuelo del país y el continente. Es fundamental que tengan una protección para que sirvan para el desarrollo autónomo de la región y no para que sean fuentes de recursos para las potencias hegemónicas.

¿La reforma de la Constitución requeriría la convocatoria de otros sectores del pensamiento intelectual y académico del país, verdad?
Por supuesto, al momento de tomar cuerpo la iniciativa de la reforma se deberá convocar a los expertos en salud pública, en educación pública, en vivienda, en derecho al agua potable, que es fundamental. Recordemos que en la Universidad de Rosario figura la primera cátedra libre de Derecho al Agua, que encabeza el doctor Aníbal Faccendini, que es integrante también de este instituto.

¿Hechos como los ocurridos en algunas áreas de la justicia tucumana –entre otros la declaración de nulidad de las elecciones del 23 de agosto por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo- son parte, según su opinión, de una estrategia general de los sectores de poder para desestabilizar el país o son acciones aisladas?
Diría que es estrategia general y que no solo se desarrolla en la Argentina. Se trata de una estrategia continental. No es extravagante al respecto que uno de los soportes mayores en las citas a que apelaron quienes promovieron esa acción de amparo disparatada que pedía que se hiciera el recuento de los votos de las elecciones del 23 de agosto y se cerrara el escrutinio pero sin proclamar a los ganadores, y que constituye una verdadera vergüenza para el discurso jurídico y las prácticas jurisdiccionales, es el de un jurista venezolano asesor de Henrique Capriles y experto en actos de desestabilización y deslegitimación de gobiernos democráticos y populares. En relación al fallo de la Cámara que usted menciona le sustrajo al pueblo de Tucumán su soberanía, descalificándolo al mismo tiempo. El texto empleó una expresión que no está en ningún código electoral: “fraude sistémico”. Es una creación retórica, un adefesio que inventaron estos dos camaristas. Realmente ese fallo no tiene ningún soporte ni normativo ni dogmático. Fíjese que una de sus curiosidades es que no cita ninguna norma del Código Electoral Provincial ni del Código Electoral Nacional. Y cito a éste último porque el Código Electoral Provincial remite a él. Es una construcción ficcional por fuera de la normativa de aplicación, empezando por la Constitución de Tucumán. Ésta elige un órgano para control y legitimación del proceso comicial que es la Junta Electoral, encabezada por el presidente de la Corte Suprema de la provincia. En ocasión de los comicios se integró con otros dos jueces que, recusados por supuesto favoritismo, fueron reemplazados por otros dos integrantes insospechables de partidismo o parcialidad. De modo que ese órgano supremo, establecido por la Constitución de Tucumán, fue avasallado por un tribunal incompetente. Y digo incompetente porque el único órgano que tiene jurisdicción por sobre la Junta Electoral es la Corte de la provincia.

¿Usted estuvo en Tucumán?
Sí, fui convocado por las autoridades del Frente para la Victoria porque los hechos avanzaban como una topadora. Y al examinar esto dije que allí había una conducta sediciosa porque se estaba sustituyendo a un órgano de la Constitución provincial y se lo estaba haciendo públicamente. Y esa conducta sediciosa está contemplada en el artículo 230, inciso 2 de Código Penal. Y añadí que estaban también prevaricando porque este acto es muestra de una tremenda ignorancia o, lo que es peor, el de una conducta que sabiendo el derecho no lo aplica, que es el dolo específico de la figura del prevaricato. De manera que en una conferencia de prensa que hicimos antes de conocerse los resultados advertimos que si se consagraba un fallo absurdo como la medida cautelar no solamente íbamos a articular los mecanismos recursivos frente a ese pronunciamiento, sino también a promover la denuncia penal. Y la promovimos. Y está en curso, aunque ha perdido el sentido de anular lo que hizo la Cámara porque eso ya lo anuló la Corte provincial. Pero como es un hecho cometido hay una responsabilidad penal y los acusados deberán ser llevados ante un jurado de enjuiciamiento porque a esa gente hay que sacarla de la justicia, son alquilones que sirven a los intereses de los grandes grupos de poder económico.

Es increíble como la sentencia de esa Cámara usaba básicamente artículos que eran parte de una clara operación periodística para embarrar la cancha con calumnias no probadas. Algo similar a lo que ocurría con la acusación del fiscal Alberto Nisman.
Bueno, en el caso Nisman se demostró el monumento al estercolero que era esa operación y la propia personalidad del fiscal. Me imagino la cantidad de carteles que se deben haber tirado por ahí y que decían “Yo soy Nisman”. Efectivamente la movida es nacional. Yo en varias entrevistas he dicho que la Cámara Nacional Electoral –y hablo ahora de las elecciones nacionales- tiene un tribunal que siempre ha concitado y merecido el respeto de todas las fuerzas políticas.

Además, hace pocas semanas esa Cámara tomó algunas medidas para prevenir ciertos hechos en los comicios.
Sí, se tomaron algunas medidas. Creo que la Cámara Electoral ni bien vio el montaje que había en las fuerzas políticas opositoras de querer cambiar la boleta actuó con rapidez. En rigor, ese intento de la oposición no era porque les interesase las boletas, lo que deseaban era modificar la agenda electoral, el calendario, y ver si esas fuerzas políticas tenían tiempo de inscribirse juntas respondiendo al “operativo clamor” del Círculo Rojo, que decía: depongamos nuestros narcisismos y apetitos y juntémonos, tal vez unidos podamos ganar. Hasta ahora ni yendo juntos les ha ido bien, pero veremos. De todas maneras, no creo me parece que en lo nacional pueda haber un episodio como el de Tucumán. Las elecciones del Chaco fueron además muy contundentes. Primero en la actitud de la Junta Electoral de la provincia que alertó sobre su voluntad de no permitir estupideces. Les anticiparon a los apoderados de que allí habría el máximo control pero también el máximo repudio ante cualquier maniobra tendiente a deslegitimar el proceso electoral.

¿Qué opina de la aprobación de las nueve recomendaciones realizadas por las Naciones Unidas como guía para la reestructuración de la deuda?
Si bien son recomendaciones sin fuerza vinculante y tienen que ser ratificadas por los países para adquirir la imperatividad del derecho, pero como expresión de la conciencia jurídica universal es muy importante. Es un señalamiento de deslegitimación profunda hacia los fondos buitres, que son el capital financiero internacional. Y en nuestro país, a raíz de la iniciativa presentada en el Senado para normativizar y convertir en ley estos nueve principios, volverá un tema que es de suma importancia y preocupa.  Es el tema de la recuperación de la soberanía legislativa y jurisdiccional argentina. Estar sometidos a jueces extranjeros o tribunales supranacionales en  temas que afectan la inmunidad soberana del Estado, como son los casos de la contratación y renegociación de la deuda externa, constituye una entrega de soberanía a la que Argentina no debe ceder. Recordemos que los países centrales, en especial los Estados Unidos, llevan esta idea de no ceder la inmunidad al paroxismo de no aceptar que sus nacionales, funcionarios o no, sean juzgados en otro territorio y bajo otra ley o jurisdicción que no sea la norteamericana. Primero era para los militares, después para los funcionarios estadounidenses fuera del país, y creo que a esta altura pretenden que los actos de sus nacionales cometidos en otro territorio, aunque sea delito conforme a la ley territorial, solo lo pueden juzgar ellos. Es evidente que mientras preconizan por autonomía de la voluntad cualquier ley en cualquier jurisdicción, todo eso no lo aplican, porque aplican solo su ley y su jurisdicción. Lo que demuestra el doble discurso, el doble estándar moral e hipocresía de estos países. Las naciones más poderosas no han ratificado la Convención de Viena de la Corte Penal Internacional, un estrado donde ya deberían estar los dos Bush, padre e hijo, autores de crímenes de guerra, masivos y de lesa humanidad. Bueno, ahora que surge esta iniciativa en el Senado es una oportunidad para reexaminar el tema. Por lo pronto, hemos entregado materiales que habíamos elaborado en ocasión del debate sobre la modificación del Código Civil y Comercial –que tiene una mala postura sobre el tema-, para instar a que se vuelva a debatir el asunto. Sobre todo ahora en que ya se ha visto en plenitud lo que significa resignar esa soberanía legislativa y jurisdiccional. La nación argentina, que ha logrado este importante avance en el terreno internacional, tiene que adecuar su legislación interna a ese avance. Sería como un corolario necesario de la aprobación de los nueve principios de las Naciones Unidas.