La ley que declara de interés público la producción y provisión de papel para la prensa es una puesta al día de la democracia. No atenta contra la libertad de expresión y de prensa, tampoco terminará de un día para el otro con el monopolio que durante más de 30 años tuvo como administradores a Clarín y La Nación, asociados con un Estado relegado a un rol secundario.
La nueva legislación tiene un objetivo legítimo: que el Estado tenga injerencia en un campo sensible al pleno ejercicio del derecho humano a la comunicación. Y repara en alguna medida el reclamo que hicieron durante años los empresarios de diarios y revistas de todo el país, denunciando por un lado el carácter autoritario de Papel Prensa y por otro las prácticas monopólicas que obligaron a decenas de periódicos a editar menos páginas o a realizar compras onerosas de papel importado. En Argentina y en la mayoría de los países periféricos los monopolios son problemas estructurales de las economías. Aquí hay un agravante porque no se trata de una fábrica de bicicletas monopólica sino de papel para diarios. Las voces de la oposición se han centrado sobre todo en el rol del Estado. Algunos reconocen al monopolio privado como algo natural y le asignan un rol negativo a la presencia estatal en cuestiones críticas de la economía nacional. Pero en una democracia avanzada es el Estado el responsable de garantizar igualdad de oportunidades. Si a quienes se oponen a esta ley se les dice que el Estado debería subsidiar a la prensa para alentar la publicación de un segundo diario en ciudades donde existe monopolio, rechazarían la idea por inconstitucional. Sin embargo eso sucede, por ejemplo, en Suecia, donde las prácticas monopólicas son combatidas desde la administración pública.
La ley garantiza condiciones equitativas, establece nuevas reglas de juego y cuida a los diarios más pequeños creando un fondo para apoyar las inversiones de nuevas empresas que aspiren a producir papel.
 

Ernesto Lamas - Periodista

ACCION   EDICION 1089