Un reciente juicio oral en Tucumán puso al descubierto una red de prostíbulos que funcionaba con base en esa provincia y con conexiones en Catamarca y La Rioja. Los testigos aportaron detalles sobre la explotación sexual de 25 mujeres, forzadas a consumir drogas y alcohol para cumplir jornadas prolongadas. En ese ámbito no había más ley que la voluntad de los proxenetas, y se cumplía a fuerza de latigazos. El caso presentó un cuadro característico de la trata de personas en la Argentina, un fenómeno de creciente visibilidad para la Justicia y la opinión pública pero de compleja persecución legal, por la conjunción de prejuicios arraigados, la histórica connivencia policial y las dificultades para desarticular organizaciones ramificadas y dispersas en el territorio.

Según datos difundidos por el programa Esclavitud Cero, 37 personas recibieron condenas por trata de personas con fines de explotación sexual y otras 18 por trata destinada a la explotación laboral en 2014; el año pasado se iniciaron investigaciones por otras 198 denuncias, incluyendo ambas modalidades. Los datos revelan un alcance poco significativo de las investigaciones, si se tiene en cuenta que, de acuerdo con estimaciones del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (inecip), al menos 10.000 personas permanecen en situación de esclavitud en el país.
Paula Rivera, abogada de la Fundación María de los Ángeles, señala que la vigencia de estereotipos machistas que naturalizan la explotación sexual es un obstáculo para las denuncias. En ese sentido «también pesan las experiencias de las víctimas, a las que les cuesta reconocerse como tales y contar qué sucedió, por las situaciones de violencia extrema que atravesaron: hay temor, sentimiento de culpa y vergüenza, porque los tratantes las hacen sentir responsables y muchas veces amenazan a sus familias», agrega.

Vulnerables
La trata de personas no se confunde con trabajo en negro. «En ese caso uno tiene la posibilidad de renunciar e irse –ejemplifica Mercedes Assorati–. La característica de la persona víctima de trata es que no puede o cree que no puede salir de la situación en que está. En general provienen de Bolivia o del norte de la Argentina, no conocen sus derechos y muchas veces no saben en qué lugar están ni tienen dónde ir. Esa gente no puede dar el portazo e irse». Tampoco les resulta fácil pedir ayuda, por distancia con los organismos de asistencia y desconfianza hacia las fuerzas de seguridad.
«Muchas veces, la gente no quiere llamar a la policía cuando quiere hacer una denuncia por trata sexual, porque sabe que la policía está al tanto del funcionamiento de los prostíbulos e incluso está metida en esos lugares», detalla Paula Rivera. La Fundación María de los Ángeles, creada por Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, cursa las denuncias que recibe a la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (protex) y asocia el seguimiento de las causas con el tratamiento de las víctimas a cargo de un equipo de psicólogos y trabajadores sociales.

Una práctica habitual en los talleres textiles clandestinos es que los encargados retengan indefinidamente el pago del trabajo: «Dicen que ellos guardan la plata, porque si no se la roban. Así no les permiten manejar su propio dinero», explica Assorati. Ese régimen de explotación fue el que constató en setiembre de 2015 el Juzgado Federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, al procesar a dos empresarios productores de papa por tener en situación de esclavitud a sus empleados. En un establecimiento de General Belgrano, los trabajadores eran sometidos a jornadas diarias que comenzaban a la madrugada y terminaban por la noche, sin francos ni feriados; dormían en viejos colectivos acondicionados con catres, sin luz eléctrica, baños ni condiciones de salubridad mínimas. Habían sido reclutados en provincias del norte del país, con promesas de trabajo digno, hospedaje y condiciones económicas beneficiosas.

Entre otros casos recientes, 311 personas –entre ellas 72 menores– fueron rescatadas en diciembre del año pasado de una finca en la localidad de Abasto, a 15 kilómetros de La Plata. Según fiscales.gob.ar, sitio oficial del Ministerio Público Fiscal, los trabajadores realizaban tareas vinculadas con el cultivo de hortalizas en jornadas que iban de lunes a lunes, desde las 6.30 hasta la puesta del sol, con un promedio de 12 a 14 horas diarias. Por este trabajo percibían 30 pesos por hora aproximadamente, aunque el pago se dilataba». El 90% de esas personas eran de nacionalidad boliviana, paraguaya y peruana, que vivían en casillas de chapa y madera, «con dos inodoros para todos», en un lugar vigilado por personas armadas.

En el sitio de Esclavitud Cero hay un listado de importantes marcas de ropa denunciadas por trabajo esclavo. Ninguna se dio por aludida. «La ley de trabajo a domicilio dice que las empresas son solidariamente responsables por las condiciones del trabajo que delegan –argumenta la coordinadora–. Supongamos que aleguen ignorancia: con lo que le pagan al tallerista tienen que ser conscientes de que el tallerista, por su parte, no puede pagar los salarios de convenio y los impuestos de ley. Hay empresas que tienen una ganancia del 2.000% por prenda».

Marguerita Meira nunca había escuchado la expresión «trata de personas». También ignoraba que la explotación sexual suele asociarse con otros delitos, como el narcotráfico, «y creía que la Justicia y la policía están siempre del lado de la gente». Hasta que desapareció su hija, Susana Graciela Becker, de 17 años, e inició un doloroso camino de búsqueda y de aprendizaje.
«Fue en 1991. Estuve un año buscándola, hasta que de casualidad me enteré de que había fallecido. Supe que la tuvieron en varios prostíbulos de Barrio Norte. Simularon que murió por accidente, intoxicada con gas, mientras se bañaba», recuerda Meira, dirigente de la Asociación Madres Víctimas de Trata. «Nunca tuve una respuesta de la Justicia. Cuando una mamá pierde a una hija, pierde todo. A veces se queda sin trabajo, vende sus cosas y cree que la va a encontrar. Pero nunca la encuentra, salvo que la hija se escape o que una misma se meta en un prostíbulo», dice.
Meira sostiene que en las villas 1-11-14, del Bajo Flores, y 31, de Retiro, existen lugares que funcionan como alojamientos provisorios de las menores y jóvenes secuestradas con fines de explotación sexual. «Son los denominados lugares de ablande, donde las víctimas pasan por golpes y violaciones, para quebrar su voluntad y entregarlas posteriormente al lugar donde van a ser explotadas», coincide Rivera.

El caso de Melina Santomé, de 24 años, expuso ese aspecto del fenómeno. Entregada por una presunta amiga, según su madre, la joven fue llevada el 23 de noviembre del año pasado a la villa de Retiro. Sus allegados y las Madres Víctimas de Trata se movilizaron rápidamente para difundir la situación ante los medios. «Nosotros les dijimos a los padres: hay que meterse en la villa, hay que sacarla ahora o no la vemos más», dice Margarita Meira.
El padrastro de Melina Santomé denunció que la policía le impidió fijar carteles de búsqueda en la zona donde se había perdido el rastro de la joven, liberada finalmente el 28 de noviembre. Para las organizaciones que trabajan sobre el problema, el caso ejemplificó la importancia de que los hechos tomen estado público, y mostró que las acciones de rescate no pasan necesariamente por la acción de la Justicia.

«En la trata hay diferentes tipos de captación –explica la abogada Paula Rivera–. El captor llega de una forma amigable, es carismático. Muchas veces está dentro del círculo de la víctima, puede ser un vecino, un conocido, incluso los propios padres. Hay familias que actúan como expulsoras, donde se producen situaciones de abuso y las víctimas huyen a la calle». Milagros González, de 15 años, fue contactada por un hombre al que conocía por su participación en una iglesia evangélica de Burzaco y fue rescatada de un prostíbulo de Esteban Echeverría después de una intensa campaña de las Madres Víctimas de Trata.
«También aparece la figura del que se hace el novio, el que se acerca a la chica hasta ganar su confianza y convencerla de vivir en otro lado –agrega la abogada de la Fundación María de los Ángeles–. Otra forma muy común es la oferta laboral engañosa. La idea, siempre, es sacar a la víctima de su entorno, para que se encuentre sola y no pueda escapar».

Los tratantes recurren al contacto en las redes sociales, mediante perfiles falsos de Facebook, y tienden a capturar a las jóvenes en relaciones de dependencia a través de las adicciones. La trata y el narcotráfico aparecen como negocios ensamblados. «Los prostíbulos funcionan como quioscos de venta minorista y mayorista de drogas», señala Assorati. «En los prostíbulos están las cocinas. Como están clandestinos y custodiados, ahí pasa de todo», agrega Meira.

La red que traman las organizaciones criminales vuelve a extenderse puertas adentro de los prostíbulos. «Hay casos en que les dicen a las mujeres que para irse deben cubrir una deuda por los gastos de traslado, comida y alojamiento –dice Rivera–. Por supuesto que es una mentira. Los tratantes nunca les dan a las chicas lo que cobran por cada pase, como se llama al contacto con un cliente, y además les descuentan los preservativos, las cosas que utilizan, lo que consumen. También les crean multas: si contestaron mal, si pusieron mala cara, si no pudieron trabajar, si salieron descalzas. Siempre están endeudadas. El día de irse nunca llega».

De acuerdo con el inecip, las mujeres constituyen el 90% de los casos de trata sexual. En su mayoría provienen de las provincias de Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes, con destino a la caba, Córdoba, la provincia de Buenos Aires y la Patagonia. «No vienen directamente a Buenos Aires, sino que van parando en distintas ciudades –dice Assorati–. El prostíbulo es un sistema de plazas; cada chica se comercia por cierto tiempo, y el dueño tiene la obligación de cuidar que no se escape y de arreglar la protección». A la vez el 84% de las víctimas reportadas en explotación laboral son varones mayores de edad, en talleres clandestinos, obras de construcción y servicio doméstico de la caba y la provincia de Buenos Aires.

«Cada vez que investigamos un caso de trata sexual y llegamos al vértice de la pirámide encontramos a un político de alto rango –afirma Assorati–. Nosotros denunciamos a un secretario de gobierno de Chubut, a un ministro de Justicia de Neuquén y a un jefe de policía de Río Negro, donde la policía trasladaba menores a los prostíbulos y protegía a los proxenetas». Esclavitud Cero también intervino en la llamada «causa de las casitas» en Río Gallegos, «donde los prostíbulos pagaban un canon mensual a la intendencia para funcionar».

A fines de diciembre, la Cámara de Casación Penal procesó al intendente de la localidad pampeana de Lonquimay, Luis Enrique Rogers, en una causa por trata. El funcionario aprobó la habilitación de un prostíbulo en el rubro «servicios de salones de baile» y firmó las libretas sanitarias de las mujeres, que incluían estudios ginecológicos y de hiv. «Es un lugar de esparcimiento para jóvenes y camioneros», se justificó. Los jefes comunales de Macachín, Colonia 25 de Mayo y General Acha, también en La Pampa, son investigados por los mismos delitos.

En perspectiva
«Ninguna mujer nace para puta», suele decir Sonia Sánchez. Explotada sexualmente durante seis años, desde que pudo liberarse se convirtió en una activista contra la trata de personas. «En la vida de una puta hay mucho silencio y soledad –dijo, en una conferencia Ted–. ¿Qué padre dice públicamente “esa puta es mi hija”? ¿Qué hijo dice públicamente “esa puta es mi madre”? ¿Y qué sociedad y qué cultura dicen “me pertenece esa puta”? Ese silencio, más toda la violencia, construyen a la puta».

Más que las instituciones encargadas de combatir el problema, las organizaciones no gubernamentales tienen desde hace tiempo el protagonismo en la denuncia y el seguimiento de la trata sexual y laboral en la Argentina. «Nos costó muchos años descubrir el problema, por eso nos pusimos Madres Víctimas de Trata –reflexiona Margarita Meira–. Nos dimos cuenta de que solas somos unos perejiles, no nos dan bolilla. Ahora, cuando vamos a una comisaría, nos tratan con respeto. No sé si vamos a meter preso a alguno, pero no estamos solas, juntas el dolor se hace más liviano. Hay que luchar». La Asociación integra la Red Infancia robada, que nuclea a varias ong dedicadas al combate de la trata.

El 17 de diciembre pasado, cuatro acusados terminaron condenados a penas de prisión en San Miguel de Tucumán, en el desenlace del juicio por trata, el segundo que se realizó en esa ciudad después del que motivó la desaparición de Marita Verón. El tribunal ordenó el decomiso de los bienes de los proxenetas y del lugar donde se realizaba la explotación, como reparación para las víctimas. El fallo es alentador, pero «a la Justicia todavía le falta tomar este delito como realmente es, hacer valer la ley y que los culpables caigan», considera Paula Rivera.

Mercedes Assorati observa un panorama difícil. «Las organizaciones criminales están enquistadas en las fuerzas de seguridad –dice–. En la Argentina existe una tradición centenaria de protección policial a prostíbulos y talleres clandestinos. Hay que trabajar desde distintas aristas, y sobre todo por un cambio cultural. Hasta hace poco la prostitución estaba completamente naturalizada. Tenemos que batallar por poner en evidencia que la explotación laboral y sexual es un sistema de esclavitud, es decir, una situación en que una persona ejerce sobre otra persona los atributos de los derechos de propiedad». Es necesaria una segunda abolición de la esclavitud.
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Osvaldo Aguirre

Nota reproducción de Acción Digital – Edición Nº 1192