Cien años de universidad autónoma

Junio 2018

Actualidad

La Reforma Universitaria de 1918 fue clave para el desarrollo de una educación superior pública, moderna y libre. Qué perdura en el ámbito universitario de aquella movida estudiantil nacida en Córdoba.

Por esos días se estaban librando las últimas batallas de la Primera Guerra Mundial, que terminaría con el poder de cuatro imperios, la creación de nuevos países y la independencia de otros; hacía pocos meses que la Revolución Bolchevique había acabado con el zarismo en Rusia, y en la Argentina se desarrollaba el segundo año de mandato de la primera presidencia del radical Hipólito Yrigoyen. Un contexto que se presentaba favorable para proponer cambios al statu quo. En el ámbito universitario, y salvo excepciones, hasta entonces los estudios universitarios estaban reservados a jóvenes de las clases dirigentes. Pero al mismo tiempo comenzaba a crecer una clase media urbana que anhelaba para sus hijos el ascenso social con el acceso a profesiones liberales y prestigiosas, hasta entonces prácticamente vedadas.

Si no una revolución, los propios estudiantes fueron quienes empezaron a reclamar una reforma al sistema universitario. Los cuestionamientos se basaban en la falta de libertad de pensamiento; el acceso elitista a cargos docentes, reservados a la clase dirigente; la antigüedad y autoritarismo de los planes de estudio; la influencia de la Iglesia en la educación universitaria y, fundamentalmente, la falta de autonomía de las universidades –es decir, de su poder para tomar decisiones sobre el propio gobierno-. Ya en octubre de 1917, los estudiantes de la Universidad de Córdoba –la más antigua del país, fundada en 1613, donde comenzó esta movida y otras que sobrevendrían a lo largo de los años– decidieron movilizarse. Cuestionaban la legitimidad del rector y de los decanos y reclamaban una mayor participación en el gobierno universitario.

Ante la falta de respuestas, los estudiantes organizaron el Comité Pro Reforma, encabezado por Ernesto Garzón, Horacio Valdez y Gumersindo Sayago, que tenía como objetivo unificar los reclamos para presentarlos oficialmente en un documento público ante las autoridades. La Universidad endureció aun más su postura. En este marco, el 11 de abril se creó la Federación Universitaria Argentina (FUA), todavía en actividad, que de algún modo nacionalizó el reclamo y posterior conflicto nacido en Córdoba. Participaron de aquella primera entidad representantes de las universidades de Tucumán, Santa Fe, Córdoba, La Plata y Buenos Aires, y su primer presidente fue Osvaldo Loudet. Ante este panorama, el presidente Yrigoyen, después de recibir a los dirigentes estudiantiles, decidió intervenir la Universidad de Córdoba.

El interventor designado, Nicolás Matienzo, reformó el Estatuto de la Universidad, de 1893, por considerarlo vetusto y restrictivo. Y convocó a una Asamblea Universitaria para el 31 de mayo, posterior a la elección de los tres decanos de las facultades que por entonces existían: Medicina, Derecho y Ciencias Exactas. En el encuentro fue proclamado vicerrector Emilio Caraffa y se estableció como fecha de elección del nuevo rector el 15 de junio. Todo indicaba que ese día se votaría por Enrique Martínez Paz, que había de algún modo inspirado y participado activamente del reclamo por la Reforma. Sin embargo, y dándole la espalda a los compromisos asumidos con los estudiantes, los consejeros de la Universidad designaron a Antonio Nores, que era el candidato de la Iglesia. Los estudiantes impidieron su asunción y declararon otra huelga en protesta por este engaño.

Dos días después, Nores asumió su cargo, en el que permaneció menos de un mes, ya que el 11 de julio, después de un sinfín de protestas y movilizaciones estudiantiles, el Consejo Superior decidió clausurar la Universidad. En el ínterin, y como respuesta contundente a la maniobra que había llevado a Nores a la rectoría, el 21 de junio la Federación Universitaria de Córdoba dio a conocer el histórico manifiesto liminar La Juventud Argentina de Córdoba a los Hombres Libres de Sud América, cuyo comité de redacción estaba liderado por Deodoro Roca e integrado por Enrique F. Barros, Horacio Valdés, Ismael C. Bordabehere, Gumersindo Sayago, Alfredo Castellanos, Luis M. Méndez, Jorge L. Bazante, Ceferino Garzón Maceda, Julio Molina, Carlos Suárez Pinto, Emilio R. Biagosch, Ángel J. Nigro, Natalio J. Saibene, Antonio Medina Allende y Ernesto Garzón. Algunos de sus conceptos:

“Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y –lo que es peor aun– el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil”.

• “Nuestro régimen universitario –aun el más reciente– es anacrónico. Está fundado sobre una especie del derecho divino: el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes”.

• “Mantener la actual relación de gobernantes a gobernados es agitar el fermento de futuros trastornos. Las almas de los jóvenes deben ser movidas por fuerzas espirituales. Los gastados resortes de la autoridad que emana de la fuerza no se avienen con lo que reclama el sentimiento y el concepto moderno de las universidades. El chasquido del látigo solo puede rubricar el silencio de los inconscientes o de los cobardes”.

• “La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio de los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa”.

Cien años después, ¿qué aspectos de la Reforma pueden verse hoy claramente vigentes en la educación superior y particularmente en las universidades públicas? Para el ingeniero Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), “el principal aspecto de la reforma que hoy puede verse claramente vigente en las universidades públicas es el de la autonomía, y hay otros que subsidiariamente perseveran como es el de la libertad de cátedra, extensión universitaria y participación estudiantil”.

La Reforma de 1918 tiene algunos antecedentes en el ámbito universitario, especialmente la lucha del Movimiento Pro Reforma Universitaria de 1871 (que reclamaba autonomía universitaria y enseñanza gratuita y libre) y las huelgas de 1903-1905 (pedían que la institución fuera gobernada por todos los profesores con cierta representación estudiantil y autonomía científica y financiera), ambos en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué pasó después? “Un avance trascendental con posterioridad a la Reforma –explica Calzoni– es el de la gratuidad, sancionado por Juan Domingo Perón el 22 de noviembre de 1949, que garantiza el derecho proclamado en la Reforma. Otro avance importante fue la creación de al menos una universidad pública por provincia durante el gobierno anterior al actual”.

Respecto de la actualidad en el ámbito de la educación superior, el rector de la UNDAV considera que después de 2015 “hubo claramente una paralización de programas que habían sido eficaces para garantizar el acceso, permanencia y egreso de estudiantes universitarios, Conectar Igualdad, producción de contenidos audiovisuales e inversión en infraestructura, entre otros”. Sobre los recortes al presupuesto universitario, que parte de la oposición considera que tiene como uno de sus objetivos terminar con la gratuidad y dificultar el acceso a la educación universitaria de los sectores más postergados, Calzoni opina que “la no inversión en Educación Superior, Ciencia y Tecnología implica una decisión política, lo mismo que direccionar recursos de los sectores más acomodados desde el punto de vista económico. Se incrementan los pagos por servicios de deuda y se disminuye la inversión social, en particular la educación, que debería garantizar el futuro de nuestra sociedad”.

 

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