El año parlamentario concluyó con la importante aprobación de un dictamen por mayoría de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados que promueve un proyecto de ley a favor de la interrupción voluntaria del embarazo por parte de la mujer. Tema delicado y polémico si los hay,  el relacionado con el aborto se ha instalado en los últimos tiempos en el debate de la sociedad gracias al trabajo paciente e incansable de infinidad de 300 organizaciones, que lograron mediante una intensa campaña realizada a lo largo y ancho del territorio un mayor conocimiento del problema y de los intereses y opiniones que están detrás de las posiciones en juego. Producto de esa mayor concientización es hoy la clara manifestación de la sociedad de solucionar un problema que, como muchos otros que aquejan gravemente a sus ciudadanos, lejos de discutirse a fondo se intentó durante años de ocultarlo bajo la alfombra de los hechos postergados o de silenciarlo.

Sin ninguna duda, la determinación de tantos diputados y su coincidencia para dar el puntapié inicial al tratamiento del proyecto mediante el mencionado dictamen también tiene que ver con ese fenómeno. Habrá que esperar ahora a que esta primera decisión sea retomada en el comienzo de las actividades del Congreso el próximo año. No obstante, el primer paso, definido como histórico, ya fue dado. Sobre el contenido de ese proyecto habló con Cabal Digital la diputada Cecilia Merchán, una de las principales impulsoras de la iniciativa, quien culmina sus cuatro años de gestión en la Cámara Baja con este destacado broche de oro. Cordobesa de origen, bonita y luchadora por los derechos de la mujer y las causas sociales de mucho empuje y energía, Cecilia, analizó especialmente en la entrevista cuáles son las necesidades en materia de salud y protección de la vida de la mujer que justifican y hacen imperiosa una nueva legislación respecto de este urticante problema del aborto. 

Es la primera vez que el congreso debate el tema. ¿Por qué esta situación se da, hay una mayor madurez en la sociedad?
Sí, claramente. Que nosotras hayamos logrado que se discuta por primera vez en la historia el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso tiene que ver con el trabajo de una enorme cantidad de organizaciones en todo el territorio el país, que vienen dando el debate en espacios pequeños y grandes, el apoyo que logramos de muchas instituciones, como 16 universidades nacionales, el respaldo obtenido por la campaña que agrupa a 300 organizaciones –la campaña por un aborto seguro, legal y gratuito-, el aval de religiosos y religiosas, judíos, pentecostales, metodistas, católicos, luteranos, una gama muy importante de religiones, el esfuerzo que hicimos para conseguir de muchos hombres trabajaran a favor de la legalización. Creo que muchas de las acciones desarrolladas durante este tiempo determinaron que la sociedad tomara el tema y lo discutiera. Hoy algo está muy claro: que la sociedad argentina avanza y que eso se nota en este proyecto de ley y en otras leyes.
Con la ley de medios audiovisuales ocurrió otro tanto.

Efectivamente, ¿cuántos años estuvimos trabajando para lograr que se aprobara esa ley? 
Hay temas claves sobre los cuales es imprescindible provocar el debate en la sociedad a fin de que no quede dudas de que las soluciones a que se arribaron son el fruto de una decisión colectiva, ¿no es así?
Estas son leyes que se construyen desde abajo, desde las organizaciones y tienen por eso la particularidad de ser una elaboración colectiva. Lo mismo pasó con el matrimonio igualitario y con otras leyes, pero éstas dos –la de medios y la de interrupción voluntaria del embarazo- me parecen muy paradigmáticas. Son temas que no se discutieron durante mucho tiempo y que de pronto, al hacerse esa discusión, provocan controversias tremendas. Pero una vez instalada esa discusión se demuestra que ese trabajo colectivo dio sus frutos en el conjunto de la sociedad. Acá, como ocurrió con la ley de medios, funcionó de la misma manera, si bien, en el caso nuestro, no hemos logrado la aprobación todavía. Este es un tema tabú, muy fuerte, muy rodeado de hipocresía y haber logrado que se discutiera y, además, que se discutiera del modo en que se hizo, públicamente, y que la mayoría de las encuestas ya muestren que la mayoría de la sociedad argentina está a favor de la legalización, habla de una verdadera madurez.

¿La primera aprobación fue en la Comisión de Legislación Penal? ¿Cuáles son posiciones que se debatieron? ¿Podría explicarlo sucintamente?

Me parece interesante comprobar que nuestro proyecto es una elaboración que corta transversalmente a todos los bloques. Nosotros logramos para este proyecto el apoyo de 50 diputados y diputadas de todo el Congreso. Es uno de los proyectos que ha ingresado a la Cámara de Diputados que mayor cantidad de firmas tiene. Eso es muy importante, así como hay adhesión al proyecto en todos los bloques también hay oposición en todos ellos. Hay una posición intermedia que, en realidad, no es intermedia sino falsa, que es la que plantea que hay despenalizar parcialmente. Dicen: hay que mejorar el artículo 86 del Código Penal, que es una norma que expresa en qué casos en la Argentina y desde el año 1922 es legal el aborto. Son tres casos: cuando hay violación, cuando está en riesgo la vida de la mujer y cuando el embrión en inviable, que son los casos de anencefalia en realidad. O algunos similares, pero es ese el ejemplo que se toma. Esto está entonces desde 1922, pero lo cierto es que no se cumple en todos los casos.

¿En la actualidad, se necesitaría autorización judicial para cumplir cualquiera de estas excepciones aceptadas por la ley?

No, en rigor no se necesita, porque además hay un protocolo de intervención del Ministerio de Salud que tiene que aplicarse, que debe llevarse adelante sin que pase al nivel judicial. Es un protocolo dirigido al sistema de salud y también al sistema judicial. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer como legisladores no es modificar un artículo, sino hacer que se cumpla ese protocolo y, por otro lado, legislar de fondo. Porque legislar sobre el artículo 86 es como decir: ah bueno, hablamos, dijimos todo, y finalmente no hicimos nada. Sería no tratar con hondura el tema, que es lo que reclama la sociedad.

¿Si este protocolo se cumpliera en esos tres casos habría que llevar adelante el aborto sin ninguna traba?

Claro.

¿Y por qué no se cumple?

Hay casos en que se cumple, pero muchos otros en que no. Y se producen por ese incumplimiento aberraciones como el que plantea ahora el caso de de una niña de Misiones que ha sido violada y, además, tiene una deficiencia mental. Y a esta niñita no le permiten acceder al aborto que ya es legal desde 1922. La justicia inhibe ese derecho, lo niega, lo demora.

¿Y qué es lo que permite que intervenga la justicia?

El médico dice: yo tengo objeción de conciencia, entonces el problema es de la justicia. Nosotros frente a eso decimos: si alguien tiene objeción de conciencia que lo diga y que el hospital resuelva, porque tiene que arbitrar una solución con otro médico. Estamos viviendo aberraciones en el último tiempo. Por ejemplo, el episodio de la muerte de una niñita en Salta por un aborto clandestino y que trajo como consecuencia la detención de la madre. Es una vergüenza moral. Esto habla claramente de por qué hay que legalizar algo que es una práctica que conduce no solo a la clandestinidad sino que genera graves problemas de salud que, en algunos casos, pueden llegar hasta la muerte. Es un problema que revela claramente como la desigualdad, la injusticia social castiga a las mujeres más pobres, pues son ellas en casi todos los casos las que mueren por someterse a intervenciones clandestinas hechas sin ninguna seguridad.

¿Cómo fundamentan ustedes la necesidad de la interrupción voluntaria ante las opiniones que plantean que el aborto termina con una vida?

Durante años se ha instalado una discusión binaria y falsa acerca de si se está a favor o en contra del aborto. Nadie está a favor del aborto, estamos a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y digo esto porque ante esta discusión, de si hay vida o no hay vida, nosotros decimos: hay vida, hay vida en todas las células, la vida es un constante, siempre hay vida. Hay vida incluso en una persona que tiene muerte cerebral. En cada uno de sus órganos hay vida. Nosotros no decimos: no hay vida, la vida es una continuidad y en un óvulo o un espermatozoide hay potencialidad de vida humana, cuando esas gametas se unen también hay potencialidad de vida humana, pero no es vida humana, es la potencialidad de ella. Donde hay vida humana es en esas mujeres que mueren por abortos clandestinos. Y más allá de lo que creamos, si estamos a favor o en contra de la legalización, lo cierto es que nos podemos pasar días discutiendo, pero cuando las mujeres deciden interrumpir el embarazo lo hacen igualmente, aunque esté penalizado, aunque sea clandestino, aunque sea en contra de su propia salud y de su propia vida. Por lo tanto, es absolutamente falso e hipócrita creer que por nuestra concepción por el tema vamos a poder evitar esa práctica. Si la penalización, la criminalización del aborto hubiera generado disminución de abortos, entonces lo discutiríamos. Pero, en general, no ha habido ninguna disminución. La Argentina tiene tasas de aborto altísimas que duplican y triplican tasas no solo de América Latina sino de países del Primer Mundo donde es legal.

¿En esos países donde está legalizado el aborto no ha bajado?

En realidad, en la mayoría de los países del Primer Mundo donde está legalizado lo que ocurre es que se reduce a cero la mortalidad por esta causa, que es muy importante. Y lo que pasa también es que se reduce la reincidencia de las mujeres a practicarlo, no vuelven las mujeres a abortar por segunda vez porque son contenidas por el sistema de salud, que terminan discutiendo y charlando con ellas métodos anticonceptivos adecuados, consultorías, etc. Por otro lado, esto es así porque, en general, en esos países funcionan muy bien las leyes de salud y educación sexual. Por lo tanto, no podemos decir que la legalización disminuye la cantidad, lo que disminuye seguro la cantidad de abortos es la existencia de leyes buenas de salud y educación sexual. Para prevenir los embarazos no deseados.

Quiere decir que este proyecto debería ir acompañada por leyes adecuadas de salud y educación sexual.

¿El proyecto no contempla estas leyes?

No porque en nuestro país hay dos leyes excelentes de salud y educación sexual. La ley de salud sexual es del 2002 y realmente a veces está muy bien y a veces tiene límites y problemas, pero todos sabemos que lo que se necesita es que se cumpla esa ley. La ley de educación sexual lo mismo: es una excelente ley pero tenemos dificultades para que se cumpla. ¿Quiénes se oponen a que se cumplan estas leyes? Las mismas personas que se oponen a la legalización. Por lo tanto, hay un contrasentido enorme. Esas personas son las que más promueven los embarazos no deseados. Por eso, nuestra consigna de nuestra campaña es: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Nosotros no decimos que la legalización de por sí va a traer aparejada la disminución de los embarazos no deseados, sino que justamente eso se logra con la implementación de estas leyes. Lo cierto es que las otras leyes ya las tenemos y hay que hacerlas cumplir. Esa es una obligación del Poder Ejecutivo y nuestra obligación es hacer que se cumpla. Y en este caso, el de la interrupción voluntaria del embarazo, impulsar la aprobación de la ley. Que es lo que falta para que el sistema se complete.

Por otra parte, había como un ultimátum de las Naciones Unidas para que en 180 días se redujera el problema de la mortalidad maternal.
La ONU hizo varios informes. Uno de ellos dictamina en contra de la Argentina por el caso del MR, que fue una jovencita de La Plata discapacitada que fue violada y a la que no se le permitió acceder al aborto no punible. Lo que la ONU o el Comité Interamericano dicen es: Argentina tiene que cumplir, pero no solamente en este caso, donde debe reparar además la historia de esta chica, sino en todos los casos. Lo que pasa es que esas son las cuestiones que tenemos que seguir viendo. Si hasta las recomendaciones internacionales vienen desde esas entidades tan conocidas, si la Organización Mundial de la Salud alerta en cuanto a la mortalidad por esta causa, si la ONU dice que la principal causa de mortalidad de mujeres en edad de gestación es el aborto clandestino, entonces uno de los problemas que hay que abordar es la disminución de muertes por esa causa, por esa raíz.

El proyecto prevé que la interrupción voluntaria del embarazo se puede hacer hasta la semana doce. ¿Y en cualquier tiempo en los tres casos ya previstos hoy por la ley?
En esos tres casos también ahora es en cualquier momento la interrupción. El Código Penal no dice en qué tiempo puede realizarse esa interrupción cuando se dan los tres casos mencionados. Dice que es legal el aborto en los tres casos que enumera. No dice hasta qué semana. Nosotros respetamos esa prescripción tal como está. Lo que se introduce es que hasta la semana doce en todos los caso la mujer puede decidir interrumpir su embarazo. Y solo hasta la semana doce. Y esto es importante porque cuando se habla de este conflicto acerca de la vida y todo lo demás, en la potencialidad de la vida también se tiene en cuenta un momento. No estamos diciendo en nueve meses. También en esto hay como una idea falsa, imágenes falsas que hacen circular de fetos de ocho o nueve meses. Por favor, nosotros no estamos hablando de eso, hablamos del momento embrional, que son los primeros tres meses.

Bueno, tal vez luego de aprobada la ley habrá, como ocurre siempre, demandas que intenten obturar el cumplimento de la ley.

Yo creo que, cuando las luchas son tan pesadas, porque van a fondo contra una cultura de tabúes e hipocresías, plantean batallas muy grandes, que hay que darlas con intensidad, pero paso a paso. No estoy pensando en qué va a pasar cuando esté aprobada la ley, en lo que pienso es en qué hacemos para que el año que viene tengamos esa ley. Yo no sé que va a pasar después, primero ganemos a la sociedad, ganemos el debate y vayamos haciéndolo todo paso a paso. Lo mismo hicimos con la ley de servicios audiovisuales y hoy se han dado grandes pasos, pero para llegar a ese gran logro hubo que ir avanzando de a poco, el trabajo fue convencer de a uno. Y avanzar y avanzar.  Y lo cierto es que cuando lo logramos y fueron a la justicia y todo lo demás, la verdad es que solo un artículo está trabado. El matrimonio igualitario parecía que tendría enormes trabas, pero no pasó nada. Tuvimos dificultades a la hora de inscribir las parejas a sus hijos, las parejas que no son de hijos adoptados, sino que los han tenido por inseminación artificial, hubo alguna dificultad para que fueran inscriptos como mamá y mamá y papá y papá. Y ya lo logramos, son cosas que se van resolviendo.

¿En el orden de la legislación mundial lo que predomina es la legalización del aborto, verdad?

Es interesante ver un mapa que hay de la legalización a nivel mundial, es muy claro. Del Primer Mundo la mayoría lo tiene legalizado. Del Tercer Mundo países como Cuba, Sudáfrica. Más del 60 por ciento de la población mundial vive en países donde se ha legalizado.

En un debate en televisión alguien planteaba que de lo que se trata no es lograr la inimputabilidad a un hecho considerado como ilícito sino instituir un nuevo derecho de la mujer a dar ese paso cuando lo desee. 
Acá se trata de un problema de derecho humano, de equidad y de salud pública. Si se dijera que se evitaron cantidad de abortos por tenerlos penalizados, habría que tomar en cuenta ese dato, pero no ha sido así. Entonces, ¿a qué resultado práctico desde lo jurídico lleva que esté penalizado y que sea considerado ilegal? A ninguno, porque si se aplicara la norma que lo instituye como un delito estarían las cárceles llenas de mujeres, tendríamos que estar todos los años 500 mil encerradas. La penalización lo que hace es generar clandestinidad. Y la clandestinidad lo que produce es negocio clandestino, que mueve 1200 millones de pesos al año. Y genera desigualdad social, o sea que la mujer que tiene dinero pueda acceder y la que no, no. Entonces, en el único lugar donde no se practica es en los hospitales públicos, porque hasta en las obras sociales con otro nombre se practica abortos clandestinos pero seguros. Esa desigualdad social hace que las 500 mil mujeres que son de todos los colores, de todas las clase sociales, de todas las religiones, 70 mil terminen todos los años internadas por abortos clandestinos. Ahí ya no es tan igual, porque la mayoría son jóvenes y pobres. Y las que mueren, que son entre 80 y 100 todos los años, son jóvenes y pobres. Es por lo tanto un problema de salud pública. Y por supuesto que es un problema de derecho, porque una realidad que genera ese nivel de desigualdad, ese nivel de inequidad en el acceso a la salud, es un tema que hay que resolver, incluso desde el punto de vista constitucional.

¿Hay algún aspecto del proyecto de ley que prevé la penalización de los médicos que rehusen practicar el aborto?  

No, al contrario. Nosotros lo que planteamos en nuestro proyecto es que hay un tiempo para plantear la objeción de conciencia. No hay penalidad. Si un médico no quiere puede plantearlo, decir que no lo hace por una razón de conciencia. Muy bien, aquí hay una lista y se otorgan treinta días para inscribirse y comunicarlo a partir de la promulgación de la ley. El hospital, la obra social, la institución no tienen posibilidad de decir: somos objetores de conciencia como institución, por lo tanto no hacemos abortos, sino que debe resolver la ausencia de ese profesional para que se realice esa práctica, debe reemplazarlo. No hay persecución de ningún tipo. Que ahora se divulgue esta sospecha de que se usará la ley para perseguir a los médicos es otra de las formas a que se acude para evitar la solución del problema. Pero, no hay nada de eso. Incluso todo el mundo de la salud sabe que no todos los abortos tienen que ser quirúrgicos y mucho menos hasta la semana doce, ya que en los lugares donde está legalizado suelen hacerse mediante procedimientos medicamentosos.

¿Y si una institución se negara a hacer los abortos?

No habría ninguna posibilidad de que puedan tomar esa actitud.  No puede decir no. Y el Estado tiene la obligación de que se cumpla la ley, esta en su poder de policía que esa práctica se lleve a cabo cuando es solicitada por la mujer. Como ocurre en el caso de los DIU. El Estado tiene la obligación, de acuerdo con la ley de la salud, de que existan en todos los hospitales públicos y de garantizar que haya quienes lo coloquen.
                                                                                                         A.C.