Deuda bajo la lupa

Octubre 2014

Actualidad

Historia de comisiones, refinanciaciones, megacanje, blindaje y defaults. El Congreso Nacional comienza a saldar una cuenta pendiente de la democracia: una comisión bicameral investigará lo ocurrido desde 1976 con los préstamos externos.

Alvaro Alsogaray, Adalbert Krieger Vasena, Federico Pinedo, José Martínez de Hoz, Domingo Cavallo. Algunos nombres sobresalientes en la galería de «próceres» de la deuda pública argentina, tanto interna como externa. Una carga que durante casi seis décadas asoló al país y condicionó su destino a la tutela de organismos financieros internacionales. Y aún restan capítulos abiertos en esta larga novela. Aquellos apellidos con prosapia y otros menos resonantes –Sigaut, Whebe, Alemann, Rodrigo, Machinea– están igualmente inscriptos en la memoria histórica por sus tendencias a ceder porciones de soberanía, por tramar escandalosas «renegociaciones» o por habilitar condiciones caóticas que abrieron puertas a procesos de claro sesgo entreguista.


La lista de coautores del endeudamiento como herramienta de sujeción de las políticas internas es mucho más extensa. De modo directo e indirecto colaboraron en ese sentido quienes encabezaron las sucesivas ondas de destrucción del Estado y de recortes de derechos de sectores populares. Y en el centro de este proceso (aunque suelen ocultarse bien), los grupos empresarios concentrados y multinacionales de la industria, el agro, las finanzas y los servicios, que no trepidaron en aupar y sostener a los dictadores más sangrientos para engrosar sus patrimonios y rentabilidades.
Aunque los hitos originarios de la deuda estatal se remontan a los primeros años de la vida independiente de la nación (el famoso crédito solicitado por Bernardino Rivadavia en 1824 a la compañía inglesa Baring Brothers), es evidente que los momentos más relevantes para la Argentina empiezan algunos años después de concluida la Segunda Guerra Mundial.


Como consecuencia del conflicto bélico, explica el economista Eduardo Basualdo en su obra Estudios de historia económica argentina, durante los primeros años del gobierno peronista el país «exhibía una holgada posición acreedora con el resto del mundo». Pero una parte significativa «no estaba disponible por la insolvencia del principal país deudor, Inglaterra».
A partir de allí, y con algunos altibajos, la tendencia fue decreciente y el conocido fenómeno de estrangulamiento en la balanza de pagos fue un signo de la época y un arma de los sectores conservadores para retomar el poder perdido tras la década infame. Tras el peronismo llegó el vaivén entre proyectos liberales y desarrollistas, acompañado por la evolución de la deuda pública, que para 1958 había ascendido a 1.051 millones de dólares. Un hecho saliente fue el plan de ajuste lanzado en diciembre de 1959 que incluyó un acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como sostén de la estabilidad cambiaria. Según escribe Noemí Brenta en Historia de la relación entre la Argentina y el FMI, ese convenio operó como catalizador de nuevos créditos foráneos en los años siguientes cuyos principales prestamistas fueron el Eximbank, el propio FMI y el Banco Mundial. La deuda ya se había duplicado y en poco tiempo más, hacia 1970, alcanzaba los 4.765 millones, cuatro veces más que una década atrás.

 

Burbuja petrolera

Pocos años después, la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla, con la batuta económica en manos de Martínez de Hoz, marca el inicio de un cambio en el sistema de acumulación del capital, evalúa Basualdo. De allí que (muestra clara del respaldo financiero externo al golpe) la deuda externa pasara de 7.633 millones de dólares a comienzos de 1976, a 19.000 millones a fines de 1979, más de la mitad del Estado nacional.
La nueva oleada de endeudamiento obedeció a causas locales, pero también al proceso de internacionalización de los países desarrollados, especialmente en la esfera financiera. La tendencia alcanzó al conjunto de la región y los compromisos externos latinoamericanos saltaron de 1973 a 1975, de 42.000 millones a 69.000 millones de dólares. Ese era apenas el comienzo de un largo proceso asentado en las divisas que surgían de los pozos petroleros en los países árabes.


A la fatídica Guerra de los Seis Días en Oriente Medio le siguió el embargo de la OPEP en la provisión de hidrocarburos a Occidente. La inmediata suba de precios engrosó la billetera de los jeques de Arabia Saudita, Emiratos y otros países de la zona, que no encontraron mejor destino para tanta liquidez que depositarlos en los grandes bancos de Estados Unidos y Europa. Esas entidades financieras hallaron terreno fértil para sembrar los petrodólares en los mismos países que décadas atrás habían colonizado política y económicamente, en sólida alianza con oligarquías locales. El economista Alfredo Eric Calcagno repasa aquellos años en su obra El universo neoliberal. El autor toma nota de una consecuencia directa de ese endeudamiento: «Las ganancias internacionales de los 10 bancos líderes de Estados Unidos oscilaron entre 42 y 51% del total entre 1977 y 1981, en tanto que sus préstamos a América Latina eran casi la cuarta parte de todas sus operaciones externas».


Tiempos modernos

La drástica liberalización vigente hasta 1981, con «tablita cambiaria» y «plata dulce» incluidos, implicó un fuerte endeudamiento como mecanismo de especulación y fuga de capitales. El derrumbe económico primero y político después (con la derrota de Malvinas) de la dictadura no desamparó a los monopolios. Los seguros de cambio, que traspasaron el peso de la deuda privada al Estado, fueron la respuesta del primer Cavallo, como presidente del Banco Central, para una carga que globalmente se había empinado hasta 44.800 millones de dólares (72% del sector público) en 1983.


Detrás quedaba el terrorismo de Estado, delante, la sempiterna deuda y nuevos ajustes. Desinflar el globo financiero, lamentablemente, no fue posible a pesar de las promesas de investigación de maniobras varias (autopréstamos de grupos empresarios, deudas canceladas cuyo pago no había sido registrado, tasas de interés desmesuradas, etcétera). Pero mantenerse al día con los pagos era imposible y por eso –agotado primero el Plan Austral y luego el Plan Primavera– el gobierno de Raúl Alfonsín entra en default en marzo de 1988. Menos de un año después, la devaluación del 6 de febrero de 1989, unida al descontrol fiscal, precipita el «golpe de mercado» y la hiperinflación. En medio del caos, el país ya debía más de 65.000 millones de dólares.


Y no fueron precisamente el Plan Bunge & Born, ni la violenta desregulación ni el Plan Bonex (que licuó depósitos privados en 1990) los que detuvieron la cuenta. Resultó el segundo Cavallo, ahora al frente del Ministerio de Economía de la mano de Menem, quien encontró la fórmula «salvadora», encuadrado en las pautas del Consenso de Washington: instaló la convertibilidad y en 1992 aceptó poner en marcha el Plan Brady (ideado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos). Es decir, el canje de bonos a medida de los bancos acreedores y la posibilidad de usar esos títulos en la privatización de empresas públicas.


Pese a la entrega de esos activos del patrimonio nacional, la deuda no se redujo. Todo lo contrario: ya para 1997 superó los 100.000 millones de dólares, y la recesión iniciada al año siguiente lanzó al Gobierno a un desesperado endeudamiento para mantener al peso convertible (uno a uno con el dólar). Cavallo se había ido y se eligió un nuevo gobierno en 1999. Pero Fernando de la Rúa y su ministro, José Luis Machinea, mantuvieron el esquema, acentuaron la parálisis productiva y luego, en diciembre de 2000, no tuvieron mejor idea que plasmar el oneroso Blindaje (por 30.500 millones de dólares).


El intento de alivio fracasó, y la década marcó un triste récord: entre 1990 y 2000 los pasivos del sector público nacional se incrementaron de 60.000 a 128.000 millones de dólares (de 30% del PIB en 1992-3, a 45% al finalizar el decenio). Sobrevino entonces la vuelta de Domingo Cavallo y su aporte postrero, el Megacanje. El deterioro, sin embargo, era imparable, y cada vez más circulaban presiones externas e internas para aplicar una dolarización plena de la economía.


Sólo el estallido social y las movilizaciones populares –después del desesperado corralito bancario para frenar la corrida– pudieron poner punto final a la tendencia ascendente de la deuda pública del Estado Nacional. Previamente había naufragado el plan de «déficit cero»: los recortes a salarios de estatales y jubilados, entre otras restricciones, no lograron evitar la disparada del «riesgo país». Las reservas se esfumaban y ya no se podía tomar más préstamos para repagar compromisos. El contador de los acreedores marcaba más de 166.000 millones de dólares (dato de la CEPAL) cuando el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saá declaró el default.


En 2002 la deuda bruta equivalía a 166% del PIB y la externa representaba el 95%. Pese a la cesación de pagos, la deuda continuó en alza, ahora por el reconocimiento de nuevos compromisos, los intereses atrasados y los punitorios. Hasta rozar los 173.000 millones de dólares al asumir el gobierno electo en 2003.
Lo demás es historia reciente, a partir del fin del monitoreo del FMI (al cancelarse la deuda con el organismo), los canjes con fuerte quita de 2005 y 2010, y los embates buitres que aún persisten. En ese contexto, la Ley de Pago Soberano crea una comisión bicameral para «investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha». Un paso más para transparentar los estragos de las políticas neoliberales –además de esclarecer diversos delitos y complicidades– en línea con los objetivos de memoria, verdad y justicia, también en este terreno.
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Daniel Víctor Sosa