La apuesta a la educación es prioridad para tener una sociedad inclusiva. El actual reto pasa por superar las desigualdades en la inversión educativa de las distintas provincias y las brechas sociales entre los alumnos.

Con tasas crecientes de inversión, políticas activas de inclusión social y un panorama claro de universalización del acceso, el debate hoy se instala en el desafío de la calidad de nuestra educación. Este año no hubo postergación en el inicio de las clases vinculados a conflictos salariales y el cumplimiento del objetivo de días de clase previsto por la ley se encamina hacia su cumplimiento del mismo modo que las tasas de inversión presupuestaria previstas.

En ese sentido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró a comienzos del año escolar que “desde el 2003 al día de la fecha, han sido creadas 1097 escuelas y pronto llegaremos a las 1100, algo inimaginable en la Argentina hace unos años”.

Según asegura el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el acceso a la educación escolar está cubierto casi en su totalidad en el nivel primario y ha crecido significativamente en el secundario y la educación inicial. El informe asegura que “el acceso ya  no constituye el problema central. La preocupación es ahora la calidad”. Hoy se “configuran circuitos educativos que incrementan las diferencias entre los estudiantes, y restringen la posibilidad y el derecho de adquirir conocimientos socialmente significativos”

Una de las claves entonces hoy planteadas en el desafío de la calidad es la de la desigualdad en la inversión educativa de las distintas provincias y en las brechas sociales que aun existen entre los alumnos argentinos.

Según Stella Maldonado, secretaria General de CTERA, aún persisten dificultades como “las exigencias para percibir la totalidad de la asignación por hijo y las posibilidades materiales de dar cobertura total a las demandas de vacantes en el nivel inicial”. Por eso reclama “la posibilidad de discutir una nueva Ley de Financiamiento Educativo para lograr una distribución acorde a los parámetros poblacionales y de contexto, con capacidad de crear condiciones sustantivas de igualdad de derechos”.

Un repaso sobre datos relevantes asegura que el porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) destinado a educación pasó de 4 puntos en 2004 a casi un 6% en 2008 y que la inversión educativa real aumentó en 2008 un 70% frente a 1995 y un 105% con relación al año 2002.

María Antonia Gallart del PNUD anticipa por dónde encaminar las políticas del sector tendientes a lograr calidad al caracterizar al sistema educativo argentino como “inclusivo pero cada vez menos progresivo si se considera la trayectoria educativa de las personas, y crecientemente insuficiente para la adquisición de competencias laborales”

Un dato que desde el gobierno no dejan de anotar. El propio ministro de Educación Alberto Sileoni afirma que “la producción es extraordinariamente importante porque le da trabajo a los argentinos. Tenemos el 80 por ciento de producción industrial en funcionamiento y se han generado 120 mil Pymes. En ese marco tiene que haber una escuela que no mire para otro lado sino que esté de acuerdo con un modelo de país”.

Es a este camino al que actualmente apuestan los planes de mejora mediante estrategias para obtener igualdad de oportunidades en lo que respecta a mochila técnica y traslados; prácticas profesionales; equipamiento de talleres, laboratorios y espacios productivos además de invertir en acondicionamiento edilicio para asegurar las condiciones de seguridad e higiene necesarias para el funcionamiento de laboratorios, talleres y espacios productivos.