El voto juvenil

Octubre 2012

Actualidad

Durante los últimos años se revitalizó la participación estudiantil. En ese marco se discute la ampliación de derechos políticos a los chicos y chicas de 16 y 17 años.

La polémica suscitada por un proyecto legislativo que –de ser aprobado– otorgará la posibilidad de votar a los mayores de 16 años, es un claro indicador de la mirada prejuiciosa y sesgada que ostenta la dirigencia de ciertas organizaciones políticas, incluso de algunas que históricamente se han jactado de propiciar la ampliación de derechos. Una concepción excluyente y subestimante que también defiende la jerarquía de la Iglesia Católica y que ha llegado a extremos absurdos como lo es explicar la supuesta inmadurez de los integrantes de esa franja etaria basándose en el supuesto origen etimológico de la palabra adolecer, un argumento muy común que ha sido utilizado, por ejemplo, por el diputado y ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Francisco de Narváez, para desestimar la iniciativa parlamentaria.Pero resulta que, tal como lo indican todos los manuales de lenguaje, adolecer no significa la falta de algo, sino causar dolencia o dolor y no guarda ninguna relación con el término adolescente –que tiene además una grafía diferente– proveniente del latín, adolescens, adolescentis, cuyo significado es «estar creciendo». Un homónimo del verbo anterior, adolescere refiere a «llamear, inflamarse, encenderse».

Antecedentes internacionales

Más allá de estas necesarias precisiones idiomáticas, las reacciones ante el proyecto sintetizan los temores respecto de los jóvenes, frecuentemente estigmatizados por los medios de comunicación. Basta con observar la grilla televisiva para verificar que existen no menos de cuatro programas en horarios centrales destinados a reflejar desbordes en boliches, reyertas callejeras, pequeños delitos y contravenciones, intentando demostrar que estos comportamientos son mayoritarios y, por lo tanto, que los jóvenes constituyen un verdadero peligro. Lo curioso es que quienes más vehementemente se oponen a la propuesta son aquellos que fogonearon la baja de la edad de imputabilidad y en su momento consideraron que un muchacho de 18 años estaba maduro para pelear en una guerra. Uno de los argumentos más utilizados por los impugnadores se centra en que en la mayoría de los países del mundo los menores de 18 años no votan. Lo que omiten señalar es que este criterio está siendo intensamente discutido, entre otros motivos porque el auge de la cibernética y las redes sociales ha generado un enorme flujo de información al alcance de millones de jóvenes y la propaganda política se está analizando masivamente a través de instrumentos de alta tecnología. La Comisión de Asuntos Políticos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por caso, ha emitido una resolución dirigida a los 47 estados que la integran en la que sugirió estudiar la posibilidad de bajar la edad a 16 años, con el objetivo de que «los jóvenes se sientan más incluidos y, por tanto, se involucren más en el proceso político cuando sean mayores». En el continente americano, Brasil, Nicaragua, Ecuador y Cuba han adoptado esa postura y están discutiendo sumarse –además de Argentina– Bolivia, Chile y Uruguay. Austria y Eslovenia son las naciones europeas donde rige la medida, en tanto en Irán se sufraga a partir de los 15 años, en Chipre desde los 16 y en Indonesia desde los 17.

Con la misma tendencia 

Otro de los cuestionamientos hace hincapié en el carácter demagógico y electoralista del proyecto, que facilitaría la manipulación de una considerable franja del electorado por parte del kirchnerismo. Sin embargo, nada salvo el prejuicio indica que el nuevo electorado vaya a ser masivamente cooptado por el oficialismo. Contrariamente, todos los estudios sobre comportamiento electoral que se han realizado en el mundo concluyen que una importante porción de los jóvenes suelen sufragar por los partidos más radicales, lo cual teóricamente estaría favoreciendo a las organizaciones de izquierda. Lo cierto es que, de lograrse la sanción de la ley, se incorporarían al padrón unos dos millones de ciudadanos, pero dado que el voto sería voluntario se estima que ejercerían su derecho poco más de 500.000. Un estudio publicado por Artemio López, director de la agencia Equis, en su blog Ramble Tamble, puntualiza que es imposible determinar la dirección de ese voto si se considera que en los últimos comicios sufragaron un millón y medio de ciudadanos de entre 18 y 20 años y expresaron una preferencia similar a la media nacional. Nada indica, por lo tanto, que quienes en 2013 tengan 16 o 17 años se comporten de manera diferente. Según la misma fuente, una simulación que incorpore el voto efectivo de 1.400.000 nuevos electores obtendría los siguientes resultados: el Frente de la Victoria lograría el 55,4% de los votos positivos, el Frente Amplio Progresista el 17% y la Unión para el Desarrollo Social (Ricardo Alfonsín/De Narváez) disminuiría en 0,1% su caudal. El sociólogo Jorge Elbaum hace un interesante aporte al debate al afirmar que «homogeneizar a los distintos grupos juveniles sobre la base de una pertenencia generacional suele ser una falacia analítica habitual. Dicha clasificación suele estar guiada más por datos que brinda el sentido común que por el resultado de un auténtico relevamiento sociológico. Considerar la dimensión etaria como un dato explicativo de percepciones y prácticas regulares, termina funcionando en la investigación como obstáculo epistemológico que impide comprender la influencia de factores como la clase social, el género y las pertenencias étnicas y culturales, que en ocasiones terminan siendo más importantes que la tenencia de una edad determinada».

Responsables

En cuanto a la postura adoptada por algunos integrantes de la cúpula de la Iglesia Católica, no hay duda de que es coherente con la que asumieron ante la sanción de la ley de Matrimonio Igualitario y otras normas que empoderaron a grupos hasta entonces marginados o excluidos. Así, el arzobispo de San Juan, Alfonso Delgado, en una entrevista que concedió tras una reunión del Episcopado Argentino, expresó su queja porque «una persona menor de 18 años no es imputable de un delito, pero sí puede votar», obviando que a los 16 es responsable en el caso de delitos graves. Por su parte, el vocero del obispado de San Rafael, Mendoza, José Antonio Álvarez, precisó: «No parece que hayamos avanzado demasiado en la madurez humana y política de los chicos. Evidentemente, hay una pretensión de manipulación de la juventud en esta medida» y añadió: «Se ve muy poco que estén realmente interesados, preocupados y entendiendo el proceso. Lamentablemente lo que más se ve es una gran indiferencia en los chicos sobre este tema».Cabe preguntarse si un bebé de pocos meses es capaz de comprender el contenido profundo que, para los que profesan la fe católica, tiene el sacramento del bautismo o si un niño de 8 años está en condiciones de entender el significado religioso de la primera comunión. En lo que respecta a la supuesta indiferencia de los adolescentes, un solo dato basta para rebatir esa afirmación: de acuerdo con datos oficiales, el número de centros de estudiantes registrados en la provincia de Buenos Aires, creció de 57 a 1.070 entre 2007 y 2010. En síntesis, todas las fuerzas políticas y sociales deberían abordar con seriedad un profundo debate sobre el tema, sin anteojeras ni preconceptos, tomando en consideración los cambios que se han verificado en los últimos años en los mecanismos de participación juvenil en un mundo en el cual la mitad de la población tiene menos de 25 años. En esa discusión no pueden quedar al margen los compromisos asumidos por el Estado argentino durante el Año Internacional de la Juventud, que la ONU celebró en 1985, donde se les asignó a las nuevas generaciones una particular relevancia en el diseño y desarrollo de estrategias para dar batalla contra la pobreza y proteger el medio ambiente.

Daniel Vilá. Nota reproducción de Acción Digital - Edición 1106