La Universidad, a través de un programa de voluntariado organizado por el Ministerio de Educación de la Nación, promueve y financia proyectos destinados a la protección de la salud, los derechos humanos y el patrimonio cultural.

El  programa de Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación de la Nación promueve y financia proyectos vinculados a la protección y cuidado del patrimonio cultural y la salud, la difusión de las artes y los derechos humanos, la promoción de la lectura, el empleo y las artes audiovisuales: una realidad posible a partir del compromiso que asumen estudiantes, docentes e investigadores de las universidades nacionales e institutos universitarios de todo el país. Así, la universidad ocupa un papel activo en la construcción de una sociedad con mayor justicia social, además de ejercer su rol formador.

En el marco de este proyecto, la comunidad educativa, integrada por estudiantes, docentes e investigadores, aporta sus conocimientos e ideas para la resolución de problemáticas concretas que afectan a la población. Las buenas noticias también son noticia, y esta iniciativa lo demuestra: desde su implementación -en el 2006-, ha evidenciado un crecimiento sostenido, lo que puede leerse como un mayor compromiso solidario en el ámbito educativo; un fenómeno que no parece estar desvinculado del rol cada vez más protagónico que asumen las nuevas generaciones en la construcción de la historia política y social.

Según cifras oficiales, el programa ha impulsado en estos cuatro años –este será el quinto- 2.371 proyectos de 47 universidades, de los que han participado activamente 4.938 estudiantes y 9.675 docentes e investigadores argentinos, decididos a trabajar a favor del bien común.

Se trata de una realidad visible, que se traduce en una suerte de círculo virtuoso: quienes eligen participar  ven su esfuerzo traducido en resultados concretos, lo que los estimula a seguir participando e invitar a compañeros y colegas para fomentar un logro que beneficia a toda la comunidad.

"Nos proponemos seguir avanzando en el incentivo del compromiso social de los estudiantes", explican los organizadores. "Buscamos que el trabajo conjunto que se realiza en cada uno de los proyectos entre el Estado Nacional, las Universidades y las Organizaciones Sociales, sea un aporte a la construcción cotidiana de un país que nos incluya a todos y todas. No creemos en la práctica social ascética, despojada de ideología, valores o intereses. Toda práctica social, es esencialmente política, es decir siempre se juegan posicionamientos, intereses y sentido."

Los resultados obtenidos a partir de la concreción de los proyectos elegidos cada año hablan a las claras del mérito de una política que beneficia a las distintas partes involucradas: el Estado nacional alienta y fomenta la extensión universitaria como vinculación entre los estudiantes y las facultades con la sociedad. Así, promueve la función social que le cabe a la universidad pública a través de la concreción de proyectos destinados a la resolución de problemas comunitarios, lo que a su vez redunda en una posibilidad de que los voluntarios profundicen y amplíen sus conocimientos y recursos a través de la acción.

El proyecto permite a la universidad como institución, y a sus integrantes en particular, aportar soluciones reales a la problemática social y, a su vez, que los estudiantes devuelven al Estado parte de lo que han recibido. Esto lo hacen a través del trabajo solidario, que sirve también como una instancia de la formación  profesional.

Es en parte por todo esto que superó las expectativas previstas y sigue creciendo cada año, generando más y mayores posibilidades de integración y equidad, mejorando la calidad de vida de la población.

El pasado mes de abril, el Ministerio de Educación de la Nación abrió la convocatoria a facultades, cátedras y estudiantes de universidades e institutos universitarios nacionales, que aportaron sus proyectos de trabajo voluntario. Los proyectos ya seleccionados comenzaron a implementarse a partir de julio del 2011, en distintos puntos del país.

La convocatoria abarca las siguientes áreas: Cultura, Historia e Identidad Nacional y Latinoamericana, Política y Juventud , Trabajo y Empleo, Acceso a la Justicia, Medios Audiovisuales y Democracia, Ambiente e Inclusión Social, Inclusión Educativa, Promoción de la Salud.

El Comité Evaluador, representativo y plural, selecciona y financia (se destina un monto de hasta 22.000$  por proyecto) las propuestas que mejor representen el espíritu del programa. Son condiciones necesarias que estos proyectos promuevan el desarrollo comunitario, se vinculen a instituciones u organizaciones por fuera de la universidad y aporten a la formación académica y al desarrollo profesional de los estudiantes.

Para la aplicación adecuada y sostenida de esos proyectos –en períodos que van de seis meses a un año- se coordina la acción del Estado, las universidades y las organizaciones sociales a fin de aportar a la construcción de un concepto de país, cuyos habitantes asumen y respaldan sus valores con acciones solidarias.