La decisión de la Corte Suprema de declarar días atrás la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LADSCA) es, sin duda, una de las más trascendentes y esperadas de la historia judicial argentina de los treinta últimos años. Es un fallo que no solo resuelve con claridad una disputa legal que la mayor corporación mediática del país venía alargando para colocarse por encima de las obligaciones de una norma aprobada por todos los cuerpos institucionales de la república, sino que abre también un inmediato camino hacia la aplicación integral de una ley que garantiza la pluralidad de voces y diversidad cultural en el amplio espectro de la comunicación en la Argentina.

    Como dijo el relator especial de la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión y de Opinión, Frank La Rue, es un fallo que será un “modelo para América Latina”. En lo esencial porque confirma la potestad del Estado de regular, mediante una ley sancionada por amplia mayoría en el Congreso y debatida antes por infinidad de foros ciudadanos en todo el país, el acceso, en igualdad de oportunidades, a la participación en los medios de comunicación. Hecho inspirado en el concepto que la información es un bien público al que todos tienen un derecho irrenunciable en forma individual o colectiva y no un atributo que pueden ejercer solo aquellos que tienen la posibilidad patrimonial de ejercerlo. Es ese derecho expandido a toda la sociedad lo que garantiza la verdadera democratización de la libertad de expresión. 

    En armonía con ese concepto, el fallo aclara que allí donde existen corporaciones mediáticas que tienen el monopolio de los medios o posiciones dominantes se ejercen continuas discriminaciones o exclusiones del acceso a ese bien público. Si existe concentración, muchas ideas o informaciones no llegan a la sociedad, perjudicando el debate público y la pluralidad de opiniones. Lo que se lesiona en realidad allí es la verdadera médula de la democracia, que pretende la mayor equidad posible en la distribución de los bienes materiales y simbólicos. El doctor Eugenio Zaffaroni añade a esto otro aspecto: sin una ley así, que no contemple el rol soberano del Estado, un país es más vulnerable en la defensa de su identidad cultural, tan amenazada hoy por la uniformidad que quiere imponer el pensamiento global del neoliberalismo.

    El desafío ahora es aplicar las normas de la ley que permiten cumplir con el ideal democratizador del espectro comunicacional. Nosotros, los cooperativistas, tenemos especial interés en que eso ocurra. Primero porque somos parte, dentro del espectro de las comunicaciones, de ese tercio que se dedicará a las organizaciones comunitarias, cooperativas y sin fines de lucro. Y por lo tanto, aspiramos a concretar nuestros propios proyectos. Pero también porque el contenido de la ley está de acuerdo con lo más profundo de nuestros ideales democráticos y solidarios. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos fue una de las decenas y decenas de entidades que en agosto de 2004 formaron la conocida Coalición por una Comunicación Democrática, que elaboró aquellos famosos 21 puntos que sirvieron de base a la actual ley.

   Esta ley fue la más debatida en la democracia, la que mayor participación dio a los estamentos sociales a fin de que llegara al Parlamento una norma lo más perfecta y democrática posible. Y ese modelo de participación, que los cooperativistas enfatizamos una y otra vez, es el que asegurar una democracia más plena, más justa, donde todos los intereses legítimos del pueblo estén contemplados. Ese paradigma, junto con las elecciones regulares para elegir las autoridades locales y nacionales de las instituciones del país, es el que permite que haya mecanismos de consulta cada vez más afinados para reflejar las aspiraciones y el interés colectivo de la sociedad, siempre amenazados por los grupos de privilegio.

    Ninguna transformación verdadera, y el país llevó a cabo más de una durante estos diez años y aspira a seguir realizando otras a fin de profundizar lo hecho, puede alcanzar la solidez necesaria si no tiene la gente detrás. Las bases de sustentación de un proyecto nacional y popular deben ampliarse cada día para asegurar su permanencia en el porvenir. Y eso se logra sabiendo cada vez más lo que la gente quiere. De ahí que el ejemplo brindado por la ley de medios sea un modelo a seguir, aún pensando en todos los obstáculos que se interpusieron en su camino.