Mujica marca el ritmo

Febrero 2012

Actualidad

Aborto, tierras, derechos humanos son temas a los que el presidente uruguayo les pone el cuerpo al ritmo que crece su popularidad.

El presidente José Mujica y el delantero de la selección de fútbol Luis Suárez fueron los personajes más destacados de 2011 en Uruguay, según una encuesta elaborada por la agencia Interconsult. A un par de meses de haber anunciado con toda la pompa que Uruguay se prepara para organizar el mundial de 2030, junto con Argentina, el primer mandatario apareció colándose en una lista de celebridades poblada de futbolistas: la tercera figura del año es el goleador Diego Forlán y el cuarto, el técnico Oscar Tabárez.
Pepe Mujica remontó una caída en la apreciación popular luego de entredichos con sus propios aliados en el Frente Amplio y con la oposición. Los temas en disputa fueron desde la política de juicio y castigo a los militares de la dictadura hasta la relación con Argentina, que para el líder tupamaro es central en su gestión pero distintos sectores conservadores la tildan de demasiado concesiva.

En ese sentido, la consultora Cifra le da un 53% de imagen positiva al mandatario contra un 26% de antipatía, mientras que para Factum, el FA obtendría hoy el 43% de los votos contra un 21% de los blancos y un 16% de los colorados.

La excusa del bicentenario de la sanción de la primera Constitución Nacional –cuando Uruguay celebrará también los 100 años de su primera Copa Mundial de Fútbol, en la que venció en la final a Argentina– es también una fecha clave para un modelo de desarrollo que se propone el gobierno de la coalición de izquierda, que llegó al poder en 2005 de la mano de Tabaré Vázquez. El vicepresidente Danilo Astori firmó hace algunas semanas con representantes de los partidos políticos, las cámaras empresariales y las organizaciones sociales un acuerdo para consensuar estrategias en el marco del Diálogo Político-Social por Uruguay Logístico 2030.

En el corto plazo, las prioridades de este convenio consisten en mejorar la conectividad para una mayor integración territorial con una sustanciosa inversión en vialidad. El principio básico que sostiene el plan es el desarrollo sustentable del «paisito». Y como primera medida se propone facilitar las inversiones extranjeras que, al menos en el rubro pasta celulósica, se están ampliando con otra planta en las costas de Colonia, por 1900 millones de dólares, que se suma a la de Fray Bentos, que tantos problemas trajo a la relación de los dos vecinos del Plata.

Leyes conflictivas

 

En las postrimerías del año pasado, la Cámara de Senadores aprobó con muy poco margen la despenalización del aborto luego de más de nueve horas de arduo debate. Casi al mismo tiempo, en España, el recién asumido gobierno de Mariano Rajoy anunciaba que derogaría una ley similar aprobada por el psoe en agosto de 2010.
«Es un avance sustancial para no criminalizar el tema», destacó el ministro de Salud, Jorge Venegas. Pero aún falta el debate principal. Porque en Diputados la cosa no será tan accesible, indican los conocedores de la política oriental. El debate, anunciado para fines de febrero o principios de marzo, puede dejar la cuestión en aguas de borrajas. Conviene recordar que en noviembre de 2008 Tabaré Vázquez, siendo presidente, vetó una iniciativa similar levantando polvareda dentro del FA, una coalición que casi se cuestionaba ser tan amplia como para aceptar el argumento conservador del presidente, casado con una ferviente católica.
Ya fuera del gobierno, Tabaré, desde el estrado de un colegio del Opus Dei en Montevideo, había armado un escándalo al declarar ante estudiantes –que no se privaron de grabarlo– que en 2005 le había pedido al entonces presidente George Bush ayuda militar ante la pueblada de Gualeguaychú por la instalación de la famosa pastera. Muchos dicen que fue el golpe de gracia a la carrera política del prestigioso oncólogo socialista, que apuntaba a la sucesión de Mujica. Pero falta mucho y nadie se atrevería a asegurarlo. En todo caso, removió las aguas del FA de manera peligrosa.
Antes del receso veraniego, el Senado también aprobó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), que grava a los propietarios de más de 2.000 hectáreas de campo con una contribución extraordinaria. Presentada como una forma de desalentar la concentración de tierras, impactará en unos 1.500 de los más de 50.000 productores registrados en el país. El detalle es que esos 1.500 son dueños de un tercio de las 17 millones de hectáreas cultivables. Y que en conjunto apenas tributarán unos 60 millones de dólares anuales que Mujica piensa utilizar para infraestructura y riego.
Esta ley también levantó mucho revuelo y, cuando fue anunciada, enfrentó al presidente con su vice, el economista Danilo Astori, quien entre otras cosas argumentó que no se tomaba en cuenta la productividad de las tierras. El modelo implementado, en consecuencia, es tan complejo que ponerlo en marcha costará su tiempo. Por ejemplo, la ley prevé un gravamen anual de 67 Unidades Indexadas por hectárea (unos 8 dólares al día de hoy) para las extensiones de tierra de entre 2.000 y 5.000 hectáreas; de 100 UI por hectárea (12 dólares) para extensiones de entre 5.000 y 10.000 hectáreas; y de 135 UI por hectárea (16 dólares) para propiedades superiores a las 10.000. Para incorporar el factor productividad, sólo pagarán las tierras con un índice Coneat (que mide la calidad del suelo) superior a 100. De este modo, 3.000 hectáreas con un índice Coneat de 60 no pagarían, mientras que 1.500 hectáreas con un Coneat de 200 sí lo harán. El nuevo gravamen afectará no sólo a uruguayos sino también a argentinos y, en menor medida, a brasileños, que fueron comprando grandes extensiones de tierras para potenciar sus producciones sojeras y ganaderas en la región. Pero muchos otros foráneos también aprovechan ciertas laxitudes en la legislación oriental para resguardar su dinero sin demasiada fiscalización gubernamental.
Esa ventaja puso en la picota al país, que recibió una denuncia del presidente francés como uno de los paraísos fiscales a los que recurren lavadores de todas layas. Uruguay ya había firmado tratados de intercambio de información tributaria con 18 países con el propósito de ser eliminado de la lista gris de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y luego de la encendida protesta de Mujica contra Nicolás Sarkozy, el 15 de diciembre la OCDE comunicó oficialmente que Uruguay había dejado de pertenecer a ese lamentable club.

 

Caducidad

 

Al filo de 2012 fueron identificados los restos de un histórico de la izquierda oriental: el docente y periodista Julio Castro, asesinado por la dictadura en 1977 y enterrado en un predio aledaño al Batallón de Infantería Paracaidista Nº14. En su identificación trabajó un grupo de especialistas locales con el apoyo del Equipo de Antropología Forense argentino. El gobierno anunció entonces una prórroga de dos años del convenio con la universidad estatal para que el equipo de antropólogos continúe las excavaciones tendientes a descubrir restos de unos 30 desaparecidos durante el régimen militar.
El tema de los derechos humanos es un aspecto conflictivo para los frenteamplistas. La ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado es un hueso duro de roer para las aspiraciones de «memoria, verdad y justicia» de grandes sectores de la ciudadanía. En dos plebiscitos, la ciudadanía había elegido no revisar el pasado. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había fallado en marzo a favor de una demanda de la nieta del poeta Juan Gelman y expresamente había exigido que esta retórica y ofensiva figura para llamar a la autoamnistía que dictaron los militares no fuera un obstáculo a la hora de investigar la barbarie.
El oficialismo envió un proyecto de derogación que en mayo terminó en un fiasco para el FA. Finalmente, en noviembre fue sancionada una ley que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1973-1985. Una forma lateral de habilitar el juzgamiento a los represores sin violar ese principio de hierro para la democracia uruguaya, el respeto por la voluntad popular.
Es que la principal crítica dentro del FA a la fallida derogación fue que iba en contra de los dos referendos, y que eso invalidaba la consulta como método para resolver cuestiones de fondo en una sociedad que se pretende de avanzada. El mayor defensor de esta postura fue Eleuterio Fernández Huidobro, uno de los fundadores de Tupamaros, que renunció a su banca en el Senado luego de votar por disciplina partidaria, como aclaró con firmeza. Dos meses más tarde, en julio, en otra muestra de cómo se encaran las divergencias internas en Uruguay, Mujica lo convocó al Ministerio de Defensa. Y «el ñato» aceptó.

Reproducción de Acción Digital, edición Nº1090