¿Qué hacemos con la basura?

Mayo 2018

Actualidad

La iniciativa de volver a incinerar residuos en la ciudad de Buenos Aires reavivó un debate que se había empezado a saldar con la Ley de Basura Cero.

En el área metropolitana de Buenos Aires se generan diariamente unas 17.000 toneladas de basura. Como en otras ciudades de todo el mundo, constituye uno de los mayores problemas ambientales urbanos. Es que en las últimas décadas, al crecimiento demográfico se le sumó un incremento descontrolado del packaging, que genera un volumen inmenso de residuos (en algunos países desarrollados representan hasta el 80% del total) prácticamente sin haber utilizado aún el producto. Y aunque cerca de la mitad del volumen total corresponde a residuos orgánicos, solo se composta –se convierte en fertilizante natural– el 5%. Es decir que el 95% de los desechos orgánicos, que son los de mayor potencial ambiental, van directamente a enterramiento en los terrenos de la Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), que desde hace una década solo utiliza el relleno sanitario Norte III, en el partido de San Martín. Por otra parte, se recicla solo una pequeña parte de los desechos: a nivel mundial, el 6%; en la Ciudad, cerca de un 10%.

Con el argumento de que los rellenos sanitarios bonaerenses están al borde del colapso o virtualmente colapsados, un proyecto de ley del Gobierno de la Ciudad –aprobado en general en la sesión del 3 de mayo, que pasó a un cuarto intermedio–  propone volver a incinerar los desechos que generan los porteños (unos 2 kilos diarios por persona, en promedio, de los que más de la mitad corresponde a envoltorios y otros elementos que no son fácilmente reciclables y que representa aproximadamente el doble de lo que generaban hace solo cinco décadas), algo que está expresamente vedado por la ley 1854, de Basura Cero, sancionada en 2005. El artículo 6 de la norma prohíbe “la combustión, en cualquiera de sus formas, de residuos sólidos urbanos con o sin recuperación de energía”.
El proyecto prevé una “incineración controlada” en hornos que permiten la generación de energía, una técnica que se utiliza en otros países (Alemania, Bélgica, España, Francia y Holanda, entre otros) pero que lentamente se está abandonando por sus efectos contaminantes. Según advierten los especialistas, la combustión de residuos en estos hornos (cuya instalación tiene un costo de aproximadamente 600 millones de dólares cada uno) produce sustancias químicas tóxicas, como dioxinas y furanos, que pueden afectar gravemente la salud. Las emisiones de estas sustancias pueden ser reducidas gracias a la tecnología, pero no eliminadas por completo. Por otra parte, las cenizas resultantes también pueden tener efectos contaminantes y deben ser tratadas como residuos peligrosos, que necesitan de un tratamiento y una disposición especial, que ni la Ciudad ni la Provincia contemplan en su legislación. De acuerdo con el plan oficial, se instalarían siete plantas de incineración, cuya energía resultante abastecería, según se informó, a 3.700.000 personas. Pero además de modificar la Ley de Basura Cero, también debería reformarse la de Energías Renovables, ya que la técnica en cuestión, Waste to Energy, no está contemplada en la norma.

 

Basura

Para el biólogo, periodista ambiental y especialista en política ecológica Sergio Federovisky, “antes que discutir si la incineración (o termovalorización, como se le denomina técnica y eufemísticamente) es la opción tecnológica a adoptar, la Ciudad debería asumir una discusión política y de gestión: ¿Por qué se permitió a sí misma incumplir durante más de una década una normativa emanada de su órgano legislativo? ¿O será que como ningún gobierno desde 2006 a la fecha consideró como opción cumplir la Ley de Basura Cero es que ahora se busca el subterfugio de intentar subvertir la discusión y convertirla en un debate de tecnologías?”

 

 

Respecto del recurso que se propone, Federovisky dice que “la incineración, hoy muy aplicada en ciudades importantes de Europa con elevados estándares ambientales, es una tecnología; ni más –ni menos– que eso. Y es una tecnología que, como los rellenos sanitarios que también lo son, puede aplicarse bien, mal o regular, y servir o no según cuál sea la política ambiental que se persiga”.

Además de la cuestión ecológica, el proyecto tiene efectos sociales asociados. Unas 5.500 personas trabajan formalmente en la recolección diferenciada, y muchos más lo hacen de manera informal. Se calcula que a nivel nacional hay unos 200.000 recicladores que trabajan en la recolección, clasificación y procesamiento de materiales para su reciclaje. La técnica de incineración de residuos propuesta requiere de un volumen importante de materiales de alto poder calorífico (como el cartón o el papel), que son precisamente los que los cartoneros más necesitan para su subsistencia. Al momento de la presentación del proyecto, el titular de FARN, una de las ONG ambientalistas que se oponen a la iniciativa y al incumplimiento de la Ley de Basura Cero, Andrés Nápoli, señaló que de esta manera se “abre una caja de Pandora, ya que no sabemos qué tecnología tiene atrás, ni los impactos que tendrá. Desde el punto de vista económico es caro, el costo por tonelada que se quema es alto y en los países donde funciona lo hace con subsidios”. Y puso especial énfasis en que la medida “compite con la economía del reciclado, que genera gran cantidad de fuentes de empleo”.

La Ley, cuyo eje central es la disminución del volumen de basura enterrado hasta su virtual eliminación gracias al reciclado, el compostaje y otros recursos, no logró lo que se proponía por problemas de implementación. De hecho, todos los plazos estipulados para reducir los desechos que se entierran ya caducaron. Y los distintos sistemas de separación de residuos en origen, que no fueron pocos, nunca lograron ser lo suficientemente claros como para que su utilización resultara efectiva, más allá de que puso casi exclusivamente en manos de los vecinos esa responsabilidad.

“El problema –concluye Federovisky– es que a la ciudad de Buenos Aires, a los municipios del conurbano y al área metropolitana en su conjunto, le falta política pública en materia de recolección, reciclaje, tratamiento y disposición de residuos. Entonces, se buscan atajos: como la separación de los residuos y su potencial reciclaje es algo que solo integra la parte publicitaria de la administración municipal (hay distritos en los que el reciclaje es literalmente igual a cero), se blande ahora la mágica solución de la llegada de una nueva tecnología. En los setenta fueron los rellenos sanitarios, abiertos a punta de bayoneta. Ahora son las plantas de termovalorización, ofrecidas a punta de billetera. ¿Y la gestión ambiental?”

 

Fotos: istock