“Las guerras solo traen dolor”, dijo el 2 de abril pasado la presidenta en su discurso de conmemoración en Ushuaia de los treinta años de los trágicos sucesos de la guerra de Las Malvinas. El concepto no revela solo el espíritu pacífico del reclamo que la Argentina hace de su soberanía sobre aquellas islas, recoge también el más profundo de los sentimientos expresado por la humanidad a través del tiempo: el de una civilización expurgada de las contiendas bélicas que la han desangrado a lo largo de la historia y que aún hoy siguen teniendo manifestaciones atroces, de una ferocidad inaudita. El pacifismo es también un principio consustancial del cooperativismo, la filosofía que inspira a nuestro movimiento solidario.

Los pueblos detestan las guerras, porque en ellas mueren sus mejores hijos, mientras se enriquecen las corporaciones que buscan apropiarse de las riquezas ajenas o los traficantes de armas, siempre tácitamente asociados y respaldados por los ejércitos de los Estados más poderosos del mundo. En la comprensión de esta verdad se forjó la  tradición pacifista de la mejor política exterior argentina y latinoamericana, la que se expresó en las voces de Carlos Saavedra Lamas y otros líderes de la región. Esa es la orientación que sigue la política que se aplica hoy en el país en las condiciones de una época en la que muchos parámetros han cambiado en el contexto global, pero no el humano sentimiento de oponerse a las carnicerías bélicas en cualquier punto del planeta.

¿Cuál es objetivo de esa política? Someter al diálogo diplomático los diferendos para lograr, mediante negociaciones, acuerdos sobre los temas en conflicto. Esto sostiene la Argentina, con el apoyo de ya históricas resoluciones de las Naciones Unidas. ¿Por qué el Reino Unido se niega tan rotundamente a dialogar? Porque sabe que carece de razones –jurídicas, morales y de cualquier otra naturaleza- para seguir perpetuando el acto colonial por medio del cual despoja a nuestro país –hace tantas décadas- de su legítima potestad sobre las islas. ¿Qué la Argentina no quiere reconocer el interés de los isleños? No es verdad: la presidenta acaba de decir que se contemplarán en cualquier solución. ¿Qué la Argentina constituye una amenaza militar? Menos cierto aún. El país no ha hecho en los últimos años ni el más mínimo gesto armamentista.

La verdad es lo contrario: que el Reino Unido impulsa desde hace un tiempo una militarización creciente del Atlántico Sur, que incluye sus bases de la OTAN, destructores de última tecnología y toda clase de armas. Como las potencias ocupantes de otros territorios del planeta, el Reino Unido que el único argumento que puede manejar con cierta destreza es el de la fuerza. Como esas potencias aludidas están en el lugar porque allí hay importantes yacimientos petrolíferos que explotar y aguas marinas inundadas de riquezas biológicas que podrían servir de alimentos en futuras crisis alimentarias del mundo. Y un poco más allá y a tiro de sus incursiones navieras ese enorme y apetecido continente que es la Antártida.

De ahí la importancia que ha alcanzado esta campaña diplomática y pacífica a favor de la recuperación de las Malvinas, la relevancia que este tema tiene para toda la región, que en un haz de solidaridad que implica a toda América Latina, ha definido a la causa de las Malvinas como una causa del continente. Y es verdad, una región que se quiera desarrollarse bajo el signo de la igualdad y el crecimiento integrado, necesita del imperio de la paz. Ningún pueblo puede impulsar una vida mejor amenazado por el fantasma de la militarización en el Cono Sur. Toda militarización es el preludio de una guerra posible. Una vez instalada aparecen luego las “razones” que justifican que ese aparato de agresión se ponga en marcha. La paz no es solo un deseo de los pueblos, es una necesidad impuesta por su sobrevivencia.

En el editorial pasado comentábamos también que el concepto de soberanía debía tener una dimensión integral, una coherencia absoluta entre la política exterior y la interna. Y en ese sentido decíamos la pretensión de ejercer la total potestad sobre el territorio insular arrebatado por el Imperio Británico, debía ser acompañada en el plano interno por la voluntad de restablecer el pleno señorío nacional sobre todos los recursos y riquezas naturales amenazadas por la voracidad extranjera.

Eso sin dejar de pensar cuánto favorece también el ejercicio de ese poder soberano al objetivo de constituir una sociedad mejor. La mejor distribución en el país de las riquezas que hoy se llevan algunas compañías foráneas puede contribuir claramente a una Argentina más equitativa y democrática. En este aspecto, la decisión de algunos gobiernos provinciales de quitarle a YPF las áreas petroleras que no explota o explota al mínimo, puede interpretarse como una primera contribución en la aplicación de los principios soberanos del país pero también una medida en dirección a una probable futura estatización. Sea como fuere, en una Argentina en marcha hacia un modelo nacional, popular y democrático, el tema de la recuperación de las riquezas y recursos naturales entregados por chaucha y palitos a las compañías multinacionales por los anteriores gobiernos entreguistas constituye hoy un desafío ineludible y necesario de ser considerado con mucha seriedad. Y en ello el gobierno nacional –más allá de las limitaciones que puedan surgir de las disposiciones jurídicas vigentes- tiene un papel que jugar. Y nada escaso en importancia.