Basta con poner las palabras «maternidad subrogada» o «alquiler de vientre» en algún buscador de Internet. En la pantalla, comienzan a superponerse las noticias sobre un tema fuertemente instalado en la agenda mediática de los últimos meses con avisos de personas que piden y ofrecen el «servicio». Al tope de la lista está la página web de un especialista argentino en fertilidad, dueño de un centro médico en Miami. A través de su gestión, se puede viajar a realizar el procedimiento en los Estados Unidos, donde la práctica es legal en Florida, California y New Jersey.

Ésta fue la elección de famosos como Florencia de la Ve, Ricardo Fort y la periodista Marisa Brel, quienes hicieron pública su decisión de concretar la maternidad o la paternidad mediante subrogación en el país del norte. Y a raíz de sus casos, el debate se trasladó a tierras argentinas, donde actualmente el Código Civil establece que la madre de un bebé es quien tiene el parto. Sin embargo, la posibilidad de legalizar la subrogación gestacional se está discutiendo en el Congreso de la Nación y en legislaturas provinciales. Atravesada por diversas complejidades, la maternidad subrogada abre un sinnúmero de interrogantes.

A nivel nacional, el diputado Hugo Prieto (Bloque de la Concertación), propone la creación de una agencia de maternidad subrogada que regule su práctica tanto en instituciones privadas como públicas. El texto del proyecto la define como «el compromiso entre una mujer, llamada “mujer gestante”, que acepta someterse a técnicas de reproducción asistida para llevar a cabo la gestación en favor de una persona o pareja comitente, llamados él o los “subrogantes”, a quienes se compromete a entregar el niño o niños que pudieran nacer, sin que se produzca vínculo de filiación alguno con la mujer gestante, sino únicamente y de pleno derecho con el o los subrogantes».

Asimismo, establece los términos del contrato entre las partes y puntualiza requisitos y obligaciones para las mujeres gestantes. Se impide además que la madre portadora sea quien done los óvulos, en caso de que la subrogante no pueda aportar los suyos. Si bien no aborda el fin de lucro, la normativa obliga a los subrogantes a solventar todos los gastos del proceso. Entre los fundamentos, sobresale el «derecho a la procreación», colocado en la órbita de los denominados «derechos personalísimos».

En Santa Fe, el diputado justicialista Alfredo Monti presentó un proyecto de similares características para legislar el alquiler de vientres en la provincia.

Hay distintos motivos para elegir el camino de la subrogación gestacional. A las patologías que impiden llevar adelante un embarazo se añade el deseo de parejas homosexuales masculinas u hombres solos de ser padres de un hijo con el que tengan lazos genéticos.

La fertilización asistida necesariamente interviene en el proceso. Puede darse que los progenitores provean sus respectivos óvulos y espermatozoides, generando un embrión mediante fertilización in vitro (FIV) que luego se implantará a la mujer que le pondrá el cuerpo al embarazo; o una donación de óvulos o de esperma para dar origen mediante FIV a un embrión que será gestado por la madre portadora. Que esta última sea a la vez la donante de óvulos y conciba el embarazo mediante inseminación artificial con semen del padre subrogante es otra posibilidad, aunque generalmente desestimada para que la mujer gestante no tenga vínculos genéticos con el bebé que le permitan reclamar posteriormente su maternidad.

En algunos países como Canadá, la maternidad subrogada está permitida sólo con fines altruistas. En otros, como los Estados Unidos o la India, está contemplado el fin de lucro. Los valores pueden llegar a rondar los 100.000 dólares en tierras norteamericanas y 20.000 en la India. En ambos casos, la madre gestante se lleva sólo un porcentaje de la suma.

«Los avances científicos y tecnológicos han posibilitado el desarrollo de técnicas de reproducción asistida como alternativas a la esterilidad, algunas de ellas inimaginables hasta hace poco tiempo. Esta nueva “maternidad intervenida” ya no comienza en las profundidades del cuerpo femenino sino en el laboratorio, donde genes, embriones y fetos son fiscalizados por el control médico. Y plantea nuevos retos éticos», señala la antropóloga especialista en salud Leila Mir Candal, miembro de la Sociedad Argentina de Medicina Antropológica, en un artículo publicado por la revista Red Bioética (UNESCO) en junio de 2010. Consultada por Acción sobre la maternidad subrogada en particular, la especialista advierte ante todo los riesgos de permitir esta práctica en países con altos índices de pobreza como los latinoamericanos. «La relación desigual que se establece entre la madre portadora y la pareja que alquila en relación con la transacción comercial de sus servicios puede tener ribetes de explotación y/o coerción. Por ejemplo, si el pago es muy bajo y se buscan mujeres en situación de necesidad para conseguir vientres para países donde los pagos son onerosos, o por el contrario, si el monto es muy elevado y se transforma en una situación a la cual se torna difícil resistirse dadas la necesidad de alimento o vivienda». Y aunque se prohibiera el fin de lucro, Mir Candal plantea otro interrogante: «¿Cómo se controlaría que la práctica no se redujera a una mera transacción comercial, sobre todo cuando se ponen en juego sumas de dinero que representan la posibilidad de subsistencia de las mujeres?». En este sentido, basta recordar el caso de Paola, la mujer cordobesa que en 2007 dio a conocer en los medios de comunicación su intención de alquilar su vientre a cambio de una suma de dinero que le permitiera mantener a sus otros 4 hijos.

Antes de sancionar una ley referida a este tema como a otros vinculados con la ética de la investigación, la antropóloga propone «un debate convocando a organizaciones, movimientos sociales, instituciones educativas, ONG, para que con el aporte del poder social, de sus redes de ciudadanos, se promueva la discusión pública de estos asuntos tan caros a la vida cotidiana».

Vínculos y deudas

Una visión similar brindan desde la Fundación Para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Mabel Bianco, su presidenta, advierte que, además de los posibles abusos que pueden surgir de la práctica, no puede dejarse a un lado el aspecto psicológico de la gestación. «Durante el embarazo se desarrolla un vínculo entre madre e hijo y esto hace que sea muy difícil desprenderse después del bebé. Si no, estaríamos avalando también los argumentos en contra del aborto que proponen que los chicos nazcan para después darlos en adopción».
Sin embargo, la titular del FEIM resalta la importancia de regular otras alternativas para las parejas imposibilitadas de tener hijos por infertilidad o por estar compuestas por dos varones, así como también a las personas solas. De hecho, las técnicas de reproducción asistida y sus prácticas asociadas, como la donación de gametos, no están reguladas en la Argentina, aunque se practican desde hace décadas. «Cuando se sancionó la ley de Salud Sexual y Reproductiva, planteamos abarcar las necesidades de quienes no quieren tener hijos pero también de aquellos que sí quieren, brindando técnicas de fertilización en hospitales públicos, algo que por ahora sólo sucede en la provincia de Buenos Aires», advierte Bianco. Y señala otro tema crucial en este contexto: la agilización de los trámites de adopción. «Es una gran deuda que tenemos no sólo con quienes quieren adoptar sino también con la cantidad de chicos que aún están en instituciones del viejo sistema del patronato», expresa.

César Berta, ginecólogo especialista en fertilidad y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER), también considera importante que las técnicas de reproducción asistida puedan prestarse en efectores públicos. «Venimos trabajando en un proyecto de ley al respecto, que tiene como eje fundamental el hecho de considerar la infertilidad como una enfermedad», señala. De hecho, en Santa Fe, el Ministerio de Salud provincial anunció semanas atrás la intención de destinar recursos para montar un centro de medicina reproductiva en el hospital Centenario de Rosario. La cobertura de estas prácticas para afiliados a la obra social de los trabajadores provinciales también estaría contemplada.

Berta, miembro del equipo que llevará a cabo el proyecto, se muestra entusiasmado con la posibilidad de que las técnicas de fertilización no sean exclusivas para quienes pueden pagarlas. Sin embargo, respecto de la subrogación, coincide con la opinión emitida en los medios por el presidente de la SAMER, Sergio Papier, quien desalienta la práctica. «El alquiler de vientres, que estaría dentro de un derecho más de quien busca un embarazo, aquí es muy complicado, primero por la falta de amparo legal. Además, si la subrogación está mediada por un interés o fin económico, las cosas se complejizan aún más. Y hay otra cosa que también es trascendente y polémica, que son los derechos del chico nacido. El día de mañana, ¿cómo va a ser informado ese chico sobre la forma en que vino al mundo? ¿qué cosas va a tener derecho a reclamar?».
Preguntas que quedan flotando en el aire y que forman parte de un debate que recién comienza, en el que nadie parece tener la última palabra.
 

Cora Giordana